Moyano, CFK, Macri y "la vara alta"

El multitudinario acto sindical del miércoles 21, al tiempo que confirmó algunas conjeturas previas (el aislamiento relativo de Hugo Moyano en el sistema de las jerarquías sindicales y paralelamente su capacidad autónoma de maniobra; la cautela con que se relaciona con él el llamado peronismo federal), permitió comprobar otros hechos.

* Uno: el kirchnerismo, lejos de ser (como ha expuesto cierto análisis sesgado) la conducción intelectual de los sectores que se congregaron ese día, se ha resignado a un papel subalterno. Se conforma con que le permitan participar. Esto tiene cierta lógica: a esta altura, el mayor (si no el único) activo que ese sector puede ostentar es la cifra electoral bonaerense que consiguió la señora de Kirchner cuatro meses atrás. Pero no transcurrimos una actualidad electoral; la política se despliega en otros escenarios. Uno de ellos es la calle, y allí Moyano mostró que es más que cualquiera, tanto por capacidad propia como por su capacidad de conducir fuerzas heterogéneas.

* Segunda comprobación: el jefe camionero pudo liderar una enorme manifestación que se desarrolló en paz, sin incidentes ni violencia pese a las expectativas de mal agüero que especulaban con las viejas diferencias entre las fracciones sindicales más y menos formales, los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda. "Conducir el orden es fácil -decía Perón-; la cuestión es conducir el desorden". En ese sentido, al menos, Moyano demostró que esa asignatura la domina.

* En tercer término, pero no menos importante: el Gobierno leyó bastante bien el mensaje de los hechos. Para terminar de entenderlo hay que aplicar el consejo que Néstor Kirchner les dio en Madrid a los empresarios españoles al comienzo de su mandato: "Atiendan a lo que hago, no a lo que digo". En principio, el miércoles a la noche las palabras de la Casa Rosada sobre el acto de la Nueve de Julio fueron devaluatorias o despectivas ("¿Qué acto?"), en los hechos, destinó a replicar a Moyano a tres primeras espadas, los ministros de Trabajo, de Interior y de Transporte. Jorge Triaca trabajó sobre la opinión interna del sindicalismo, conciente de que la demostración de fuerza de Moyano ejerce su impresión sobre los gremios que se abstuvieron de participar. Un moyanismo vigorizado por la movilización (y aliado en la acción con las dos CTA y hasta con la izquierda) puede representar un peligro en el seno de las organizaciones sindicales, alentando corrientes disidentes o rebeldes. También puede constituir para esos gremios un factor de negociación con el Gobierno, que deberá ofrecer hechos, no sólo argumentos o promesas. Allí se pondrán a prueba la muñeca de Triaca y la capacidad de maniobra que le permiten su gobierno y la coalición en que se apoya.

Frigerio, con el mismo condicionamiento, debe convencer a gobernadores e interlocutores del peronismo dialoguista de que se mantengan a distancia de la línea opositora que busca encarnar Moyano. Frigerio sabe que para gobernadores e intendentes del peronismo es más sencillo diferenciarse de la señora de Kirchner que del jefe camionero. Ella, aunque conserve un activo electoral, está ligada a la derrota del peronismo y carga con una imagen negativa altísima. Podría alegarse que también Moyano tiene mala imagen, pero hay una diferencia: ella (como Mauricio Macri y, en general, los políticos) compite ante la ciudadanía en general; el electorado de Moyano, en cambio, son los trabajadores camioneros y la opinión pública que le importa principalmente es la base y cuadros del movimiento sindical. Y allí está fuerte.

RAMA DE OLIVO

Pese a que algunos de sus aliados le requerían a Moyano que usara la plataforma del acto para lanzar un paro general, el dirigente camionero prefirió el ramo de olivo: se mostró con fuerza pero dispuesto a conversar.

Al gobierno también le reclaman algunos de sus aliados y compañeros de ruta: quieren que deje de lado el gradualismo y avance a fondo contra la rémora sindical. Quieren guerra.

Del retiro oficialista de Chapadmalal se filtró, sin embargo, una frase clave: "El triunfo es perdurar".

Da la impresión de que, más allá de frases y aprontes, y más allá inclusive del conflicto real entre dos maneras de mirar la realidad del país, por ahora ninguno de estos rivales quiere arriesgar un enfrentamiento a todo o nada. El gobierno y Moyano comprenden que hacer goles puede ser importante pero evitar sufrirlos es fundamental. Prefieren, por el momento, ir al alargue y eventualmente, a los penales.

VARA ALTA

De cualquier forma, el gobierno intentó extraer réditos presentes de la multitudinaria movilización del miércoles 21. En algunos casos tuvo éxito.

Por ejemplo, consiguió extirpar de los medios de comunicación el incómodo asunto del hasta el último lunes subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, titular en un banco de Andorra de una cuenta de más de un millón de dólares que había evitado mencionar en sus declaraciones juradas.

Después de que trascendió la información del diario español El País, Díaz Gilligan trató de justificar el hecho argumentando que él sólo había actuado como una suerte de testaferro del verdadero dueño del dinero, un uruguayo ligado a negocios ligados del fútbol y mencionado en la trama del llamado FIFAgate. Alguien debería haberle recordado a Díaz Gilligan la añeja advertencia: "No aclares, que oscurece". El funcionario consiguió en primera instancia el caluroso apoyo de su superior inmediato, Fernando De Andreis, y hasta del Jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quienes aceptaron como plausibles sus explicaciones (una simple "omisión", justificada porque "el dinero no era suyo", y los fondos "no eran públicos").

Lo cierto es que, pese a esos esfuerzos, la situación de Díaz Gilligan se volvió pronto insostenible para un Gobierno que arrastraba el resbalón reciente del caso Triaca y debía asimismo soportar preguntas por los vínculos entre su ministro de Finanzas, Luis Caputo, con compañías offshore en Islas Caimán y una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, detalles que tampoco estarían reflejados en su declaración jurada al asumir como funcionario.

HORA DE ESCUCHAR

Los socios menores del Pro en la coalición oficialista (radicales, Coalición Cívica) alertaron que había que tomar decisiones más fuertes que encargarle el caso a la Oficina Anticorrupción. El propio electorado de Cambiemos se había indignado ante el caso Triaca y si no se registraba una reacción análoga en relación con el ministro de Finanzas era porque su tema no se meneaba demasiado en los medios y quizás también porque no han emergido cifras específicas. El millón de dólares de la cuenta de Díaz Gilligan, en cambio, era mucho. "Para este gobierno la vara de la exigencia pública está muy alta".

El recurso a la Oficina Anticorrupción, por otra parte, se ha vuelto un paso poco convincente: para la oposición se trata de un organismo "que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político".

El Gobierno ha dejado que se desgaste esa institución, desatendiendo incluso a sectores intelectuales próximos, como el Club Político Argentino, que ha señalado la necesidad "impostergable de que se delegue esa tarea en personas que no estén directamente identificadas con el partido gobernante y es aconsejable que este organismo sea política y administrativamente independiente del Poder Ejecutivo. De otra manera sus investigaciones sobre los funcionarios en ejercicio seguirán careciendo de credibilidad, y la opinión pública se afirmará en la convicción de que sólo cuando termina una gestión es posible revisar sus actos de gobierno".

Así, Díaz Gilligan terminó persuadido de que debía apartarse de sus funciones. Pero el caso ya había tomado vuelo en los medios y habría sido difícil reducir sus repercusiones y controlar sus daños de no encontrarse tan próxima la movilización convocada por gremios y movimientos sociales y articulada por los camioneros. El Gobierno sólo tuvo que ayudar un poco para que este tema y otros adyacentes concentraran abrumadoramente el interés de los medios principales.

De paso, otros asuntos quedaron parcialmente bajo esa alfombra. Por caso, el inusual discurso con el que dejó formalmente su cargo el ex jefe del ejército, teniente general Diego Suñer.

En uno de sus párrafos, Suñer destacó en referencia a su arma: "Somos depositarios de un importante patrimonio del Estado que debe ser preservado, protegido y cuidado, porque es el que la Nación nos ha entregado para el cumplimiento de nuestra misión". Los observadores atentos interpretaron esas palabras como una reafirmación de su postura contraria a la enajenación de propiedades inmobiliarias del arma que, al parecer, contempla el plan de reestructuración que elabora el Ministerio de Defensa.

Elisa Carrió ha dejado trascender que su fuerza también rechaza esos proyectos inmobiliarios. En cuanto al radicalismo, aunque no se conocen aún tomas de posición sobre este asunto, no es improbable que también coincida: sostiene con fuerza su oposición a otra intención enajenadora: la de las acciones que aseguran el control estatal de la transportadora eléctrica Transener.

En cualquier caso, la voz del teniente general Suñer quedó amortiguada por la vocinglería alrededor del acto de Moyano. El Gobierno supo sacar esa ventaja mientras el camionero extraía la suya en la calle.