Casos Triaca y Chocobar: ¿Las encuestas dictan la moral?

Mientras se encoge la imagen positiva del Presidente en las encuestas y la Casa Rosada elige la lógica polarizadora (y fragmentadora) con el gremialismo con la esperanza de recuperar posiciones en su propio electorado, el gobierno parece apostar también a otro clásico del buen rating: la mano dura con la delincuencia.

Jaime Durán Barba, el director de orquesta de la comunicación oficial, reveló sin ingenuidad los motivos: "la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes (...) la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".

Uno de los pilares de la comunicación oficial es el que identifica al gobierno con "lo nuevo" y "lo bueno". Una frase favorita de los altos funcionarios reitera que "nosotros decimos la verdad". Ahora bien Durán Barba, admite en su último libro la labilidad de esos conceptos: "el mundo de lo simbólico -afirma- ha terminado siendo lo único real" y "la opinión pública es la que crea y recrea la realidad en que vivimos". Así, la opinión pública tendría un peso determinante sobre la definición de "lo bueno" y "lo malo", por ejemplo.

Quizás en virtud de esa concepción hiperbólica de la opinión pública y de sus giros (que "crean y recrean"), el oficialismo vive a menudo hipnotizado por las encuestas y bajo la influencia de lo que éstas (y sus intérpretes) le sugieren.

LA PAJA Y LA VIGA

Desde que ensayó la mal llamada reforma previsional el mensaje que las encuestas vienen emitiendo es inquietante. Las de la segunda quincena de enero confirmaron que la fuerte caída del gobierno medida a principios de año no se detuvo aún.

Para colmo, mientras Mauricio Macri desarrollaba su gira europea estalló en los medios el "caso Triaca" y, aunque Durán Barba quiere minimizar sus efectos ("suponer que en un país donde existen tantas personas metidas de cabeza en la corrupción en serio lo más importante es que un ministro ha tenido una empleada en negro, es una ridiculez"), los estudios demoscópicos de emergencia solicitados por Balcarce 50 detectaron más caída.

Y, más preocupante aún, la decepción se refleja muy claramente principalmente en el electorado oficialista, que esperaba (y en definitiva no obtuvo) la rápida expulsión de Triaca del gabinete.

Más allá de la interpretación del gurú ecuatoriano, no sólo se imputa al gobierno que Triaca tuviera una empleada en negro, sino que la intervención oficial de un sindicato amparara favoritismo y contrataciones vidriosas (además de la de aquella empleada en negro, a la que, se sospecha, se habría compensado un despido particular con una designación pública).

LA CANTERA DE LA MANO DURA

Ante la alarma, además del recurso a la polarización con los gremios, el Gobierno creyó encontrar otro filón de popularidad reivindicando y elevando al pedestal de ejemplo al policía bonaerense que, en el barrio de La Boca, persiguió y mató a un joven que había atacado a un turista a puñaladas. El propio Presidente recibió al policía en la Casa Rosada y lo catapultó a la jerarquía de modelo.

El escenario parecía pintado: un juez que cita en sus fallos a Eugenio Zaffaroni había procesado y embargado al policía, que alegaba en su favor el hecho de haberse defendido de un riesgo inminente. Se trataba de una ocasión aparentemente ideal para capitalizar el cuestionamiento social al garantismo judicial, la presión pública que pide una acción firme en defensa de la seguridad y la imagen plausible de un poder político que defiende a sus agentes del orden.

Algo falló, sin embargo. Un video ampliamente difundido mostró que el policía dispara desde atrás, desde varios metros de distancia, y mata con dos tiros al joven delincuente, que huía y ya no representaba un riesgo presente ni para el agente ni para terceros. De hecho, un grupo de vecinos había detenido sin violencia a su cómplice en el ataque al turista.

Así, lo que quedó como resultado fue que el Presidente proyectó a la jerarquía de ejemplo a un policía que disparó y mató innecesariamente a un joven por la espalda mientras ministros y funcionarios se abalanzaban contra un magistrado que, en definitiva y más allá de sus ideas -garantistas o no- encuadró bastante bien el caso al definirlo como "exceso en la legítima defensa" y calificando al agente como de baja formación profesional.

¿No fue precipitado impulsar a Macri a asumir ese papel? ¿No fue todo guiado por una búsqueda desesperada (y probablemente infructuosa, a la postre) de recuperación ante la opinión pública? ¿No admiten las declaraciones de Durán, al mentar en el contexto de consagración del policía Chocobar como modelo los presuntos reclamos de "la mayoría" sobre la pena de muerte, que esa fue la "pena" que se aplicó de facto en ese episodio?

Después del video difundido, se pueden dar explicaciones, pero, como señala el propio Durán Barba en su libro, "los textos no pueden refutar imágenes".

El Gobierno ha decidido en este caso no apelar a ninguna autocrítica, sino doblar la apuesta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, proclama a partir de ese caso la gestación de "una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito. Las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento".

Conviene poner las cosas en el lugar que corresponde. No hay duda alguna de que la fuerza pública (seguridad y fuerzas armadas) fue largamente puesta en cuestión por amplios sectores de la sociedad (en parte como producto de conductas propias y en parte como consecuencia del ensañamiento ideológico) y que es imprescindible recuperar el respeto social por esas instituciones. De esa premisa no se deduce, sin embargo, que haya que aplaudir cualquier acción realizada por uniformados, por más ilegal que sea, ni que haya que glorificar errores.

Como ha señalado Graciela Fernández Mujica (que en modo alguno es hostil ante el gobierno): "Las fuerzas de seguridad no tienen que tener impulso de hacer justicia; lo que tienen que impedir es el delito si se puede y después detener al delincuente. La Justicia está en manos de los jueces".

La "nueva doctrina", siguiendo las encuestas que revela Durán Barba, busca aproximarse a la supuesta aprobación de la opinión pública por la mano dura. En todo caso, pone en aprietos a los amigos progresistas del gobierno, como Fernández Meijide: "Puede ser mano dura en el cumplimiento de la pena, pero no mano dura en lugar de justicia, mucho menos en un país donde la pena de muerte está prohibida". Es probable que las palabras de Fernández Meijide reflejen el punto de vista de socios políticos de la Casa Rosada, como el radicalismo y la Coalición Cívica, aunque estas fuerzas por ahora no han dejado oir su opinión ni sobre la nueva doctrina ni sobre el encuentro de Macri con el policía Chocobar.

¿POR QUE LLEGO Y POR QUE SIGUE TRIACA?

En lugar de algunos de los palos de ciego con los que el oficialismo ha buscado recuperar el amor de la opinión pública, algunos se preguntan: ¿no le hubiera convenido a Macri desembarazarse rápidamente de Triaca? "¿Qué tiene que hacer un ministro para que el Presidente le pida la renuncia? ¿Cuál es el límite?", interrogaron a Marcos Peña los periodistas Claudio Jacquelin y Damián Nabot, de La Nación. El jefe de gabinete les contestó: "Está claro que un límite pasa por la corrupción, la comisión de un delito o cualquier cosa que vulnere la ley". No queda claro hasta dónde esa respuesta exime con nitidez a Triaca. Es probable, en cambio, que no satisfaga a Alfonso Prat Gay el primer ministro que Macri apartó de su gabinete.

La verdad es que, cuando diseñó su primer gabinete, el Presidente quiso evitar la figura de un superministro de Economía y forjó un gabinete de conducción económica plural, incluyendo varias carteras, entre ellas -notablemente- la de Trabajo. Parecía así tomar nota de que la economía no consiste meramente en balancear números y gestionar cosas, sino en administrar conflictos, tranquilizar y motivar a personas y sectores, despejar el terreno para que puedan desplegarse la producción, la creatividad y el bienestar.

Ese gabinete debía, en los papeles, prever, procesar, asimilar y compensar las perspectivas diversas de diferentes actores e interlocutores, antes de que los conflictos se manifiesten en la realidad. Era una manera de internalizar la diversidad, crear un espacio (propio, formado por jugadores propios) en el que pudieran expresarse controladamente las presiones y demandas de los distintos sectores.

En ese plano de simulación simbólica, la presencia de Triaca trasladaría a las resoluciones del gabinete económico una dimensión de las preocupaciones sindicales, filtradas por un hombre que es políticamente, más allá de lo que evoca su apellido, un PRO "puro de oliva".

Aunque ahora en el marco de una polarización con los sindicatos y de una táctica fragmentadora, la subsistencia de Triaca en el gabinete indica que la idea original de Macri persiste: el ministro sigue siendo la bisagra entre el Ejecutivo y el mundo sindical, señal de que, pese a todas las insistencias de su propia base y del círculo rojo, el Presidente mantiene, junto con su programa de reformismo permanente, la ilusión de ponerlo en práctica en interlocución con el sindicalismo. Así sea con una parte de él.

Los gremialistas saben que si un día Triaca fuera reemplazado por algún CEO, podría afirmarse sin lugar a dudas que el Gobierno abandonó aquella ilusión.