La reforma de Trump divide aguas

Por ROBERTO SALOMON *

Las dos cámaras del parlamento norteamericano están en el proceso de sancionar la tan anunciada reforma tributaria que, tal como lo expresó el presidente Trump, es básicamente una rebaja de impuestos.
La Cámara de Representantes ya aprobó su proyecto, con los votos republicanos y la oposición democrática. Por su parte, el Senado está todavía trabajando en su propio proyecto. No está nada claro si esa labor redundará en la aprobación del mismo, dado que ya algunos senadores han expresado reservas respecto al texto actual.

Pero si así fuera, el eventual proyecto del Senado deberá ir a conferencia con los Representantes para acordar un texto único a ser ratificado por ambas Cámaras. Dada la incertidumbre sobre la adopción final de una reforma, parecería prematuro abrir juicio sobre el tema antes de conocer el texto final que podría sancionarse.

Sin embargo, pese a algunas diferencias, ambos proyectos comparten un marcado sesgo a favor de las grandes empresas y las clases más pudientes, así como una medida considerada como el principal objetivo de la llamada reforma, por lo que es prácticamente seguro que la misma estará incluida en caso de aprobarse la ley.

Se trata del tratamiento de las ganancias empresariales, con una rebaja del 35% de tasa impositiva actual a una del 20%, lo que estimaciones independientes proyectan que ocasionaría un incremento de u$s 1,3 billones en el déficit fiscal, y consecuentemente en la deuda pública en diez años, mientras que actualmente el déficit fiscal es de 600.000 millones y la deuda es de 20 billones, cifras que se comparan con un PBI de u$s 18,57 billones en 2016.

También coinciden los proponentes de ambos proyectos en los mismos argumentos para justificar la medida, que considero cuestionables tanto desde la evidencia empírica como de su validez conceptual. La justificación de tamaño impacto en el déficit y el endeudamiento es que la rebaja generará un sustancial incremento en la actividad económica y el empleo, aunque si bien algunos de los partidarios de la rebaja hablan de crecimiento del 3,5% del PBI, la mayoría se expresa en términos vagos, sobre "fuerte aumento en la tasa de crecimiento", y ""millones" de nuevos puestos de trabajo.

Es innegable que la tasa impositiva influye en la radicación de capitales y la inversión, pero no es ni por asomo el único factor y, en mi opinión, no produce los efectos que aducen los proponentes de la rebaja.

SIMILITUDES

Dado que ese tipo de medidas y argumentos también afloran en las discusiones mantenidas en nuestro país sobre temas tributarios, el presente análisis, si bien centrado en los Estados Unidos, no carece de relevancia inmediata para los argentinos.

En primer lugar, parece oportuno enfocar el análisis sobre el posible impacto de las propuestas. El economista Paul Krugman destaca en un artículo del New York Times el hecho de que las medidas referidas a las empresas tienen carácter permanente mientras que las que afectan a las personas caducan en 2027.

Esto significa que, si como afirman sus proponentes, las medidas se renuevan a su vencimiento, esa mecánica es engañosa y tiene el propósito de subestimar el efecto sobre el déficit y el endeudamiento fiscal. Si por el contrario se dejan expirar, el sesgo proempresas es aún mayor. Algunos críticos argumentan que el propósito es condicionar la renovación a lograr una de las aspiraciones Republicanas: reducir los gastos en Medicare y Seguridad Social con la excusa de evitar aumentos en el déficit y el endeudamiento.

Por otra parte, un estudio del Tax Policy Center, citado por Greg Sargent del Washington Post, contradice las afirmaciones del gobierno y los legisladores republicanos de que las mismas significarán una rebaja sustancial de los impuestos a la clase media.

Según dicho estudio, para 2027 el 50% de los contribuyentes verá un incremento en su carga tributaria, particularmente en los más bajos quintiles. Y en cuanto al impacto sobre las clases menos privilegiadas, afirma que el 20% de personas de ingresos más bajos recibe apenas u$s 50 de rebaja en 2019, u$s 60 en 2025, y un aumento de $10 en 2027.

Y mientras sólo el 11,8% de los contribuyentes del último quintil recibe una rebaja en 2027, la rebaja beneficia al 83% del segmento del 1% de más altos ingresos, y al 98,1% de los del 0,1% de más altos ingresos. Con respecto a la evidencia empírica, los proponentes de la medida no han podido proporcionar datos reales que apoyen el argumento de que la rebaja generaría un sustancial incremento en la inversión y la creación de millones de nuevos empleos.

Es más, en una encuesta de la Iniciativa sobre Mercados Globales de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, sólo 1 de 42 prestigiosos economistas opinó que las propuestas producirán una expansión significativa de la economía en una década.

Por otra parte, desde el punto de vista conceptual, suponer que la rebaja en el costo de capital accionario tiene efectos espectaculares en la inversión privada es, por lo menos, simplista. El capital accionario no es ni por asomo la única fuente de financiación de las inversiones. Una proporción generalmente igual o mayor de los fondos a invertir proviene generalmente de la emisión de deuda. Y sobre este punto, vale señalar que, pese a las tasas de interés negativas, la inversión productiva de las empresas creció sólo un 0,3% en 2015 y 0,7% en 2016.

INVERSION

Un hipotético ejemplo permite apreciar el efecto del apalancamiento sobre los incentivos a la inversión. Financiar un proyecto de u$s 1.000 millones con fondos propios requeriría hoy $ 1.350 millones antes de impuestos, mientras que si se aprobara la rebaja bastarían $ 1.200 millones. Sin embargo, suponiendo un financiamiento con 50% de deuda, los fondos propios serían de $ 675 millones contra $ 600 millones después de la rebaja.

Y un uso de 1/3 de fondos propios con 2/3 de deuda requeriría $ 450 millones contra $ 400 millones, es decir, una diferencia de 50 millones sobre un proyecto de 1.000 millones. Además, es altamente probable que los abultados déficits den lugar a una suba en las tasas de interés, compensando al menos en parte la rebaja en el costo del capital accionario.

Tampoco es realista pensar en una correlación inmediata entre el costo de fondos a invertir y la decisión de hacerlo. El primer elemento en la decisión de inversión es la existencia de proyectos atractivos de inversión física compatibles con la estrategia empresarial. Y no puede ignorarse la importancia de contar con mano de obra capacitada a un costo razonable, así como de un contexto regulatorio favorable.
Compitiendo con esos proyectos están los usos alternativos de los fondos. Muy a menudo, una política de adquisiciones prevalece sobre la inversión física. Esas adquisiciones se basan en propósitos de integración vertical, participación de mercado o diversificación. Y fundamentalmente en los deseos de los directivos de aumentar la rentabilidad a corto plazo, que guarda relación directa con su nivel de remuneración y estabilidad laboral.

Aumentar los dividendos con el incremento de fondos resultantes de la rebaja aparece como un uso atractivo y de efectos inmediatos sobre el valor de las acciones y la resultante compensación monetaria a los directivos. Otro elemento crítico en la decisión de inversión es el riesgo asociado con la mima, tanto en lo que hace al costo de los proyectos como a los supuestos de demanda en el mercado. Y sobre todo el riesgo de que un cambio político altere totalmente los resultados de la inversión. Ese factor parece sumamente relevante en el actual escenario político de los Estados Unidos, y lo mismo puede decirse de nuestro país.

En resumen, el débil argumento del potencial crecimiento en la actividad económica y el empleo es la única justificación de los republicanos para apartarse de su tradicional postura en contra del déficit y el endeudamiento. Pero ese argumento no sólo no convence a los demócratas sino tampoco a algunos senadores republicanos.