Tarifa incierta

La aprobación de las reformas previsional y laboral pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para manejar la dispersa mayoría peronista del Congreso. En ese sentido, las primeras señales que siguieron a la firma del pacto fiscal con los gobernadores y al acuerdo con la CGT no son alentadoras.

Ya los gobernadores mandaron a decir por los medios que ellos habían pensado que habría más generosidad con los jubilados y que no les parece bien la reforma previsional. Por su parte, los sindicalistas quieren que el Presidente discipline al moyanismo.

El caso de los gobernadores peronistas es maravilloso. El jueves firmaron un "pacto fiscal" en el que el Gobierno les cedió recursos multimillonarios, algo que nunca ocurrió (ni ocurrirá) bajo un presidente de su propio signo político. Para el año próximo el Poder Ejecutivo se comprometió a cederles 45 mil millones de pesos, y para 2019, 75 mil millones.

¿Quién pagará esa suma monumental? Los ciudadanos de a pie. Los que pagan servicios públicos en el Area del Gran Buenos Aires, un porcentaje cercano a la mitad del padrón electoral. Se le quitarán los subsidios que hoy reciben por un monto de 70 mil millones.

Cuando les aumenten la electricidad, el gas y el ómnibus, ¿quién pagará el costo político? Macri. Desde esta perspectiva el "negocio" con los gobernadores parece ruinoso, pero tenía al menos una compensación: el peronismo pondría los votos en el parlamento para aprobar la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones que le ahorraría al Tesoro Nacional unos 100 mil millones. Todo sea por el achicamiento del déficit.

Sin embargo, el viernes entró al Senado el proyecto con la fórmula de ajuste y varios voceros de gobiernos provinciales dejaron trascender que a ellos les parecía poco y que por lo tanto el oficialismo tendría que discutir el asunto con diputados y senadores. La fórmula dispone que las jubilaciones se ajusten trimestralmente por el índice de inflación a lo que se sumaría el 5% del aumento del PBI.

Es decir que los gobernadores con una mano reciben la plata y con la otra le señalan a Macri el Congreso como una nueva instancia de "negociación". Las ventanillas por las que debe pasar no se acaban nunca.
Algo parecido ocurre con los sindicalistas. El "triunvirato" de la CGT acordó con el ministro Jorge Triaca una modesta iniciativa que no cambia el sistema sindical establecido hace 70 años a inspiración de la "Carta del Lavoro" fascista. Pero quedó afuera el moyanismo y ahora temen que los acuse de haberse beneficiado de la "Banelco" del Gobierno.

Para evitar suspicacias los senadores peronistas quieren que los triunviros vayan al Congreso a bendecir la "reforma" y que el Presidente ponga en cintura al hijo del camionero, un peronista opositor del que los peronistas "dialoguistas" no se hacen cargo.

En síntesis, el Presidente ganó las elecciones y cree que por eso puede acelerar la aprobación de una serie de leyes fundamentales en 30 días, pero el Congreso no es una autopista, sino un barrial en donde conseguir un remolque tiene una tarifa todavía incierta.