Los catalanes prometen resistir

Barcelona - El Tribunal Constitucional de España dictaminó que el referendo independentista de Cataluña del pasado 1 de octubre fue inconstitucional, dando peso legal al esfuerzo del gobierno por impedir la secesión promovida por los líderes de la próspera región, pero sin persuadir a los manifestantes que exigen la liberación de dos activistas separatistas encarcelados.

El fallo no causó sorpresa, ya que Madrid había insistido en que la votación era ilegal, pero su difusión no amedrentó a los partidarios de la separación, que sostienen que las autoridades catalanas tienen la obligación de declarar la independencia tras el triunfo del "Sí" y, proyectando al gobierno central como represivo, no dan indicios de cesar en su lucha.

Decenas de miles de personas se concentraron ayer en numerosas ciudades de Cataluña para exigir la libertad de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas, arrestados en la víspera, y que el gobierno regional consideró "presos políticos".

Con velas y carteles en sus manos, los manifestantes -unos 200 mil según la policía regional- se desplegaron a lo largo de la céntrica Avenida de la Diagonal de Barcelona para pedir la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, respectivamente, organizadores de las masivas manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña en los últimos años.

Ambos fueron enviados a prisión el lunes por decisión de una jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, que los investiga por sedición, por haber alentado a miles de ciudadanos los pasados días 20 y 21 de septiembre a impedir en Barcelona una operación judicial contra la organización del referéndum independentista.

La decisión de la jueza Carmen Lamela de encarcelar a Sánchez y Cuixart generó más tensión social en Cataluña.

"¡Jordis a casa!", "¡Libertad!, ¡Libertad!" e "¡Inde- inde-independencia!" fueron algunas de las consignas que proclamaron los manifestantes, que respondieron masivamente a la convocatoria de las dos organizaciones.

"Nos encontramos en una situación de presos políticos en pleno siglo XXI, una situación que no nos habríamos imaginado vivir nunca", dijo el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull. Pero el representante del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, rechazó que sean "presos políticos" diciendo que están en prisión "por sus actos" y no "por sus ideas".

El presidente catalán, Carles Puigdemont, junto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezaron la concentración en la céntrica plaza Sant Jaume de la ciudad, donde se desplegó una pancarta con el lema "En Defensa de los derechos y libertades" y se escucharon gritos como "¡Presos políticos, libertad!".

El ingreso a prisión sin fianza de Sánchez y Cuixart es una medida judicial con indudables repercusiones políticas en el conflicto de secesión de Cataluña, que se encuentra bloqueado en el plano político.

INTERVENCION

El jueves vence el plazo que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio a Puigdemont para que aclare si declaró la independencia y revierta esa decisión para evitar una intervención del gobierno central en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

Puigdemont envió el lunes una carta a Rajoy en la que evitó responderle si había declarado la independencia y, en cambio, ofreció abrir un período de dos meses de diálogo para abordar una solución acordada del conflicto, algo que Madrid rechazó de plano. "Pedíamos hacer política y solo recibimos querellas" de Madrid, reafirmó ayer el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, que dijo que hasta el jueves el gobierno español "tiene oportunidad de sentarse a dialogar".