La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, promulgó la ley 14.910 que hace obligatoria para las publicaciones oficiales la expresión “dictadura cívico militar” cada vez que se haga mención al gobierno “de facto” de 1976 a 1983 y el número 30.000 junto a la expresión desaparecidos.
Esta ocurrencia de los legisladores bonaerenses sería risible en su pretensión de imponer una visión del pasado a palos, sino constituyese, además, una alarmante demostración de intolerancia. Usan el pequeño poder del que fueron investidos para imponer una versión de la historia (los 30.000 desaparecidos) no sólo dudosa, sino contraria a la evidencia disponible. Pretenden fundar una especie de dogma político oficial, una “verdad” que no puede ser discutida sin caer en la ilegalidad. Son los profetas de una minúscula religión de Estado que además de falsa es anacrónica.
A lo que se puede añadir que la tontería resultaría inocua, si no fuera porque en la historia nacional hay precedentes de triste memoria en ese terreno. Dejando a salvo las correspondientes distancias y el riesgo de caer en anacronismos, la ley comparte la mentalidad retrógrada del decreto de Juan Manuel de Rosas del 3 de febrero de 1832 que impuso el uso obligatorio de la divisa punzó a todos los empleados públicos militares o civiles. Los primeros debían agregar en la divisa: federación o muerte.
Otro 3 de febrero, el de 1852, Rosas fue derribado y debió huir a Inglaterra. La conversión forzada de todos los bonaerenses a su credo le sirvió de poco en esa circunstancia. Tampoco el ritual adjetivo de “salvajes” antepuesto al sustantivo unitarios en las publicaciones oficiales.
Algo similar puede decirse de otro decreto, en este caso el 4.161 de 1956, por el cual el presidente “de facto” Pedro Aramburu, líder de la Revolución Libertadora, “prohibió” la utilización de símbolos e imágenes representativos del peronismo, así como de la “marchita” y del nombre de Perón o Evita. Creía que con ese expediente podía hacer desaparecer al peronismo. Como se ve la ideología importa poco a la hora de comportarse ridículamente.
En la presente ocasión el promotor de la ley, el peronista Darío Díaz Pérez, intentó salir al cruce de expresiones de funcionarios macristas que negaron la existencia de 30.000 desaparecidos: Juan Gómez Centurión y Darío Lopérfido. Gómez Centurión acaba de ser sobreseído en una causa que le promovieron diputados kirchneristas por sus dudas acerca de que los desaparecidos fueran tantos como quieren los “organismos”, algunos sectores del PJ y la izquierda. Díaz Pérez vio detrás de esa opinión sacrílega una peligrosa campaña negacionista.
Conclusión: ni los estados, ni los parlamentos democráticos tienen como función convertir en leyes versiones determinadas de la historia, porque con esa conducta dejan abierta la puerta al repudiable delito de opinión. La gobernadora erró al promulgar la ley y los legisladores demostraron que ocupar una banca y tener una mentalidad tolerante y democrática nos son cosas que vayan necesariamente juntas.