La pornografía infantil sin límites

"La Argentina es uno de los países con más tráfico de pornografía infantil en el mundo. Estamos entre los primeros lugares a nivel mundial y en América Latina nos encontramos a la par de México y Brasil", destacó a La Prensa el abogado Enrique Del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad (CIJ) que, con un equipo interdisciplinario, cuenta con la responsabilidad de juntar las pruebas para que luego los fiscales realicen allanamientos.

Luego agregó que "en los últimos cinco años hubo 22 mil casos en todo el país, entre 30 a 40 casos cada día en promedio. Hay un 45 por ciento que viene de la provincia de Buenos Aires, un 35 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires y los demás del resto del país".
En tanto, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires recibió durante 2016 un total de 1729 denuncias que abarcaron los delitos informáticos referidos por el artículo 128 del Código Penal sobre producción y distribución de pornografía infantil en Internet. Una cifra muy superior a los 62 casos iniciales denunciados en 2012.

Ante el crecimiento de denuncias en su territorio la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, creó en noviembre 2012 la primera Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del país. Un año después, el organismo judicial firmó un convenio con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos.

Esta entidad (ver recuadro aparte) alerta a la Fiscalía de la Ciudad cuando encuentra que se distribuye material de pornografía infantil en Internet y desde una IP de Argentina que distribuye contenido por este medio.
En tanto, ante la grave situación detectada en el país se constituyó en 2014 la Red 24/7 y que está conformada por representantes de todas las Fiscalías y Procuraciones Generales de la Argentina, y establece a nivel nacional un protocolo de intervención inmediata en casos de pornografía infantil en Internet.
Por otra parte, el crecimiento de los casos recibidos tras el acuerdo con el NCMEC generó que en 2015 la Fiscalía de la Ciudad ampliará a tres el número de Fiscalías especializadas en Delitos Informáticos.

INVESTIGACIONES
Los reportes de NCMEC son recibidos específicamente por el CIJ de la Fiscalía de la Ciudad que funciona las 24 horas, los 365 días del año y comienza la investigación inmediatamente sin importar la jurisdicción del caso, para después derivarla al fiscal especializado que corresponda.

"Hay un aumento muy grande de la cantidad de casos en nuestro país y se debe a dos razones principales. Una es que el delito ha crecido de por sí y la otra es que hay mayores capacidades de detección del hecho delictivo en las redes sociales", enfatizó Del Carril.
"Son las redes sociales las que facilitan este alcance que tienen las personas que realizan estas actividades delictivas y la llegada que tienen a todas las personas que pueden ser víctimas de ellos, menores de edad que no esta al tanto de los peligros. El autor de este tipo de delitos son personas que se manejan en el anonimato. Piensan que al estar detrás de las redes sociales no van a ser descubiertos. Además, aprovechan el desconocimiento de los menores de edad o de personas que no saben bien cómo se manejan en el espacio virtual para llevar a cabo este tipo de delito", destacó a La Prensa Daniela Dupuy, Titular del Equipo Fiscal A, de la Unidad Fiscal Este, equipo especializado en Delitos informáticos que cuenta con competencia en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La gran mayoría de los casos detectados son de grooming, intentos de contactar por Internet a menores con fines sexuales; de distribución de pornografía infantil; y, en menor cantidad, de chicos que se mandan material entre sí. "Esto último termina viralizándose ya que salta en un punto fuera del grupo de amigos y entra en el comercio y distribución", destacó la Fiscal Dupuy.

Esta misma fuente señala que cada vez más casos de delito de distribución de pornografía con menores de edad están ligados directamente a abusos sexuales. Es decir que entre los pedófilos, quienes consumen pornografía infantil, hay cada vez más pederastas, quienes incurren en abuso sexual infantil. "Es un círculo nefasto porque si quieren más material pornográfico van a demandar más cantidad. Alguien va a producir más oferta y esto generaría más distribución lo que afectaría a más chicos", enfatizó la titular del Equipo Fiscal A de la Unidad Fiscal Este.

Por otra parte, a partir del uso de la internet para la distribución de material es que se detectó la fluida comunicación entre redes trasnacionales de pederastas. Esto dificulta la localización de sus víctimas ya que encontrar algún detalle que provea una pista de su destino puede ser, a veces, difícil de hallar al menos que denuncien el delito.
"La mayoría de los casos las encontramos por un allanamiento o porque son los padres los que hacen la denuncia. Pero es una cifra muy baja con respecto a los casos totales que recibimos y a las que denuncian", destacó Dupuy.

La falta de mayor cantidad de herramientas informáticas adecuadas para dar con los responsables y sus víctimas provocó la necesidad de adoptar otras técnicas, como por ejemplo, la "Inteligencia de fuente abierta" que es muy utilizada en Marketing. Esta designa la labor de inteligencia realizada a partir de fuentes públicamente accesibles y proporcionar una cantidad de contenido generado por el usuario.
"Lo que hacemos es a partir de ciertos datos se empieza a rastrear las Redes Sociales para analizar y sacar conclusiones. Es un trabajo hormiga pero con resultados", subrayó el director del CIJ.

PENAS BAJAS
Actualmente en la Argentina la producción y distribución de pornografía infantil en Internet está penado en el artículo 128 del Código Penal y el Grooming está penado en el artículo 131 del Código Penal. Este último establece que "Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".
"A mi entender son penas muy bajas y si no se tiene antecedentes penales son personas que terminan en un juicio y quedan en libertad para cometer de nuevo el delito", se lamentó la titular de la Fiscalía especializada en delitos informáticos.

Por otra parte, actualmente una persona que tenga en uno de sus dispositivos material de menores en una situación sexual no iría a la cárcel. Esto se debe a que no esta tipificado como un delito al menos que se pueda comprobar que las fotos o videos fueran para distribuir o comercializar. En cambio en la mayoría de los países señalados como principales productores de material pornográfico infantil esta situación ha sido subsanada al ser tipificado el delito dentro de su legislación nacional.

"Nuestras investigaciones requieren algunos ajustes a nivel procesal donde nos permita no forzar tanto el principio de libertad probatoria y poder contar con legislación procesal adaptada a las nuevas necesidades tecnológicas. Hay deficiencias entorno a esto", enfatizó Dupuy. 
Pese a este retraso legislativo, la Argentina podría subsanar esta falencia si llegará a firmar el Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest, el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal y cooperación internacional) y trata con carácter prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia.

Un Angel Guardian que protegió a 90 víctimas en la Argentina

En noviembre del año pasado saltó en los titulares argentinos la investigación "Operación Angel Guardián", un trabajo coordinado por la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación puso al descubierto a un pedófilo que acosaba a 90 menores argentinas a través de Internet y se solicitó su extradición ya que se detectó que vivía en el extranjero.

El trabajo contó con la intervención de fiscales de las procuraciones generales y ministerios públicos provinciales que integran la denominada RED 24/7 que tiene un protocolo de intervención urgente para casos de pornografía infantil en Internet. La operación se desarrolló simultáneamente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Chaco, Catamarca, La Pampa, Salta y en la Ciudad de Buenos Aires.

"Detectamos que en muchos videos se repetía un patrón escenificador. Es decir, las víctimas siempre realizaban los mismos movimientos como si siguieran requerimientos específicos a pedido de un tercero. Así nos dimos cuenta que era una misma persona pero sus víctimas eran muchísimas, en distintas provincias y todas menores de edad. Pudimos detectar a las víctimas para ayudarlas. Fue gratificante este trabajo en conjunto ya que pudimos actuar simultáneamente con los demás organismo intervinientes", destacó a La Prensa Enrique Del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, que junto a un equipo interdisciplinario cuentan con la responsabilidad de juntar las pruebas virtuales para que luego los fiscales especializados en la temática realicen allanamientos.

El groomer, persona que contacta por Internet a menores con fines sexuales, utilizó al menos 18 perfiles falsos de Facebook para contactar a las niñas y adolescentes y obligarlas a enviarle autorretratos y videos de producción casera en los que las menores aparecían desnudas, en posiciones y en actividades explícitamente sexuales. En total el hombre logró obtener 1.151 imágenes fotográficas y 101 videos de las víctimas.

En tanto, de la investigación se desprende que había dos grupos de víctimas: las que enviaban imágenes una sola vez, y ante un nuevo pedido del groomer lo bloqueaban. Y las víctimas que entablaban una suerte de "relación" con el sospechoso y le remitían fotos y videos que incluso superaban las solicitudes.
Con respecto a las menores que bloqueaban al acosador, inmediatamente se contactaban otros dos o tres perfiles falsos, denominados perfiles satélites, que adoptaban distintas estrategias. Algunos se hacían pasar por víctimas del mismo sospechoso, otros les decían a las menores que le contarían a su madre o a sus amigas, y hasta las amenazaban de muerte.

Una ONG denuncia los casos de explotación sexual en internet

Fundado en 1984, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC) es la organización sin fines de lucro líder en los Estados Unidos que trabaja con organismos policiales, las familias y los profesionales que las asisten en temas relacionados con la desaparición y la explotación sexual de menores.

A medida que Internet se convirtió en una de las herramientas principales para la explotación sexual de menores, el NCMEC recibió la autorización del Congreso estadounidense para establecer el llamado CyberTipline para que el público y los proveedores de servicios electrónicos denuncien sospechas de explotación sexual de menores, lo que a menudo puede involucrar diferentes países. Desde 1998, CyberTipline ha recibido más de 2.3 millones de denuncias sobre la supuesta explotación sexual de menores.

Es decir, cada una de las empresas que proveen contenidos en Internet (redes sociales, Google, etc) monitorean sus sitios mediante un programa que se llama Photo DNA que detecta automáticamente fotografías con un contenido de pornografía infantil en la red. 
Desde 2008, las empresas de contenidos en Internet que operan en los Estados Unidos están obligadas por la Ley número 18 USS 2258 A a reportar el material pornográfico a NCMEC, de lo contrario las empresas pueden recibir penalidades económicas cercanas a los US$ 300.000.
La NCMEC procesa los reportes de las empresas y gira la denuncia al país correspondiente antes de las 24 horas de detectado el hecho.