La justicia platense citó a Scioli a una declaración "informativa" en la causa por el lavado de activos

La Plata - La justicia platense citó hoy al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli a declaración "informativa" para el 16 de marzo en el marco de la causa por lavado de activos y defraudación a la administración pública durante su gestión en la provincia de Buenos Aires.

La citación fue dispuesta esta tarde por el fiscal de la causa, Alvaro Garganta, quien además procesó y citó a indagatoria al ex Ministro de Desarrollo Social de Scioli, Eduardo Aparicio, y a otros ex funcionarios de segunda del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

El llamado a declaración de Scioli fue resuelto por el fiscal luego de que el 9 de febrero pasado el ex mandatario y ex candidato presidencial por el kirchnerismo llevara a la justicia una extensa presentación en la que se desvinculó de las irregularidades que se investigan. 

"Que en virtud de las manifestaciones formuladas por el imputado Daniel O. Scioli, resulta necesario evacuar por parte de este Ministerio algunos puntos", afirmó la convocatoria de Garganta para el jueves 16 a las 11 en el edificio de la fiscalía de esta capital. Scioli fue citado en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, que regla sobre llamados a indagatoria, aunque se aclaró que fue bajo la referencia del "párrafo 5to." del mismo, el que señala que "el Fiscal podrá citar al imputado al sólo efecto de prestar declaración informativa".

En tanto, el fiscal procesó y citó a indagatoria para el 4 de abril a las 10 al ex ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, a quien acusó de otorgar subsidios por más de 8 millones a 10 cooperativas supuestamente 'truchas' para que compren herramientas y materiales, "hechos que no se concretaron".

La maniobra, según el expediente al que accedió esta agencia, ocurrió entre los años 2009 y 2010, mientras Aparicio tenía a cargo el programa "Soluciones Ya" e incluyó la participación de la empresa Magaro S.A., a cargo de Daniel Roberts, quien facturó las supuestas ventas de herramientas.
Roberts fue procesado y citado a declarar para el 4 de abril a las 10.

Por otro carril, el fiscal llamó a indagatoria a una decena de ex funcionarios del Ministerio de Infraestructura bonaerense, a quienes acusó de "organización" de concursos de precios y de adjudicar ilegalmente 19 obras públicas consistentes en paradores turísticos y centros de información turística.

Entre los citados se encuentra la ex Directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Infraestructura, Gladys Pérez Ferrando, todos los ex integrantes del Consejo de Obra Pública de esa cartera y también tres propietarios de las constructoras supuestamente favorecidas.

La denuncia contra Scioli y su equipo de gobierno fue presentada en junio en la justicia platense por la diputada nacional Elisa Carrió, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta, bajo la carátula "lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública".

El fiscal primero apuntó la investigación a presuntas irregularidades detectadas en la ex Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Pérez, mediante la emisión de facturas apócrifas por un monto superior a los 10 millones de pesos por servicios que no se prestaron en unos 25 eventos durante los años 2014 y 2015.

Tras descubrirse el supuesto delito, el 14 de septiembre se realizó un allanamiento en la casa que el ex Subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, tiene dentro del famoso Country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Bs.As.-La Plata.

Allí el fiscal encontró una caja fuerte de dos metros de alto vacía oculta dentro de una escultura de un dragón, además de unos cuarenta mil pesos y documentación que fue secuestrada.

Carbone y Pérez fueron citados a declaración indagatoria los primeros días de noviembre, y tras negar su participación en el hecho imputado la justicia los inhibió por 15 millones de pesos y les prohibió salir del país sin una autorización judicial.

Más tarde el fiscal giró la investigación hacia los movimientos de Scioli durante su administración, y ordenó allanar las oficinas de Plan de Vuelo de Aeroparque, el hangar de la empresa Royal Class, el aeropuerto de San Fernando y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero.

El objetivo: determinar si el ex gobernador realizó viajes de la campaña presidencial disfrazados de salidas oficiales y si esos fueron pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires.

A finales del año pasado el ex financista y testigo protegido, Jorge Leonardo Fariña, declaró en la causa y dijo que durante la gestión Scioli la obra pública se "cartelizó" y que la supuesta adjudicación irregular era manejada por el ex mandatario, el ex Ministro de Infraestructura nacional, Julio De Vido y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Scioli y sus ex funcionarios están acusados de los delitos de "asociación ilícita", "lavado de activos" y "administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con Incumplimiento de los deberes de funcionario público".