Confirmaron los sobreseimientos de todos los imputados por el megacanje durante el gobierno de la Alianza
La Sala Segunda de la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, dejó firmes los sobreseimientos dictados en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos, después de que un tribunal oral absolviera al principal imputado por aquella operación, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento de todos los funcionarios y banqueros que aún estaban sometidos a investigación por el "Megacanje", la operación de canje de bonos de la deuda externa que implementó el gobierno de la Alianza en 2001, meses antes de la caída del presidente Fernando De la Rúa.
La Sala Segunda del tribunal, con las firmas de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, dejó firmes los sobreseimientos dictados en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos, después de que un tribunal oral absolviera al principal imputado por aquella operación, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, también estuvo procesado, pero fue sobreseído cuando ya ocupaba el cargo en la entidad emisora y poco antes de afrontar ante el Senado la instancia de su confirmación en el puesto.
Ahora, la Cámara ratificó los sobreseimientos de Jorge Amadeo Baldrich, ex secretario de Hacienda; Horacio Tomás Liendo, ex asesor de Cavallo; Norberto López Isnardi, ex director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público; Ernesto Marcer, ex procurador del Tesoro de la Nación; Carlos Federico Molina, ex director nacional de Crédito Público y Guillermo Mondino, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía.
La medida alcanza también al banquero, ex funcionario republicano y ex embajador de Estados Unidos David Mulford.
El “megacanje” se realizó en junio de 2001 y fue la reconversión de 20 mil millones de dólares de bonos de la deuda a cambio de aumentar el capital y los intereses, en una operación considerada ruinosa por economistas de la época.
Todos estaban imputados no por la decisión política del megacanje sino por presuntamente haber beneficiado, como parte del equipo que encabezaba Cavallo, a determinados bancos en la gestión de la operación y el cobro de comisiones millonarias por ello.
Cavallo fue juzgado y absuelto en un juicio oral por un tribunal y también en su caso la decisión tiene fuerza de “cosa juzgada”.
Sobre la base de esa absolución, el juez Sebastián Ramos -quien había procesado a todos- revirtió la decisión y los sobreseyó, y la Cámara Federal progresivamente fue ratificando esas decisiones que virtualmente le dan a la añeja causa un cierre definitivo.