El Congreso debate el decreto que estableció cambios migratorios

El debate por el decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de migraciones con el objetivo de frenar el ingreso de extranjeros que hayan cometido delitos o acelerar sus procesos de deportación se trasladó este jueves a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, donde el director de Migraciones fundamentó la necesidad de la medida mientras que organizaciones de migrantes la cuestionaron duramente.

El director nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que la Argentina es "el país de Latinoamérica con mayor grado de hospitalidad", y admitió que hay "un problema de celeridad en el tema de las expulsiones" de los inmigrantes acusados de delitos de envergadura.

Al exponer ante la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, que preside el diputado Marcos Cleri (FPV-PJ), el funcionario reiteró la decisión del gobierno nacional de “expulsar a las personas que cometen delitos de envergadura” y afirmó que la Dirección Nacional de Migraciones es “un organismo de control".

"No estamos divorciados de la integración y de la mirada hospitalaria, somos profundamente hospitalarios”, recalcó y puso de relieve que Argentina es “el país de Latinoamérica con mayor grado de hospitalidad”.

Advirtió que "el país que nos sigue está por debajo nuestro, triplicamos al que nos sigue” aunque admitió que el sistema “es muy amplio para recibir a todos los migrantes del mundo pero también los trámites de expulsión no se hacían con celeridad. Veíamos un problema grave ahí”.

En ese sentido, el funcionario precisó que en 2015 “se firmaron más de 1.900 expulsiones y efectivamente se llevaron a cabo dos expulsiones", por lo que concluyó que "evidentemente no funciona el sistema”, en tanto que en 2016, dijo, “se firmaron 4.000 expulsiones, de las cuáles se materializaron 31”.

“Queremos seguir abriéndoles las puertas a todos los migrantes del mundo”, aseguró García, al reiterar su defensa del decreto que, dijo, “tiene lógica porque se tocan circunstancias que deben ser abordadas por un instrumento de esa categoría”.

Según fundamentó el Ejecutivo, con la medida -publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de enero- se busca acelerar los procesos de deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos, ante lo que se plantea como “una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

Entre quienes expresaron posturas en contra del decreto estuvieron representantes del CELS, de Amnistía Internacional, del Instituto Gino Germani y de la Red de Migrantes y Refugiados de la Argentina, que reclamaron revisar la medida.

En representación del CELS, Diego Morales sostuvo que el decreto de necesidad y urgencia "regula cuestiones que están asociadas a la materia penal" y "tiende a regular cuestiones de la seguridad pública" a la vez que "incide sobre la vida y sobre la privación de la libertad".

Mariela Belski, de Amnistia Internacional, cuestionó al Gobierno por "hablar dos idiomas diferentes" al recordar que por un lado "se comprometía a una visión integral que rechaza la criminalización de la inmigración" y con este decreto "niega y desconoce los derechos humanos".

La titular de la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, Lourdes Rivadeneyra, calificó al decreto como "un retroceso de políticas migratorias" y advirtió que se está "criminalizando" a los migrantes a quienes se los utiliza como "chivo expiatorio" y especificó que "a los dos millones de migrantes que viven en Argentina se los persigue por culpa de 4.000".

El Frente Argentina Migrante denunció por su parte la existencia de "brotes xenófobos" como consecuencia de la difusión del DNU y enumeró casos de inmigrantes agredidos e insultados en los últimos días.

Ana Paula Penchaszadeh, del Instituto Gino Germani, cuestionó "la ineficacia de un Estado para regular a las persona que están en su territorio", afirmó que "mezcla criminalidad con migraciones" y declaró que "es mentira que apunta a acelerar las expulsiones" ya que "modifica todo el sistema migratorio".