Delito de opinión

La diputada Nilda Garré presentó un proyecto que condena penalmente a quienes nieguen, minimicen o justifiquen crímenes de lesa humanidad. Lo hizo después de que funcionarios del actual gobierno recordaran que los desaparecidos por la represión ilegal fueron 8 mil y no 30 mil como dicen algunos grupos de izquierda.

La reacción de Garré pone en evidencia varias cuestiones de interés. La primera, el diálogo continuo entre el presente y el pasado. No hay un pasado inmodificable, sino un pasado que el presente construye sin cesar. O puesto en otros términos: las construcciones de la Historia son históricas. Cambian los tiempos, cambian las construcciones.

La segunda, que el "relato" kirchnerista ha empezado a desgajarse. Por eso la diputada quiere fijar un dogma desde el Estado que no pueda ser sometido a crítica. En caso de que lo sea, quien se atreva a semejante sacrilegio irá a la cárcel.

En realidad lo que promueve es una suerte de religión de Estado que prescinda de hechos comprobados. Quiere por lo tanto restablecer algo propio de regímenes totalitarios o teocráticos, el delito de opinión, pretensión que en las actuales circunstancias es de esperar que tropiece con dificultades insalvables. Quiere además cerrar una discusión que vuelve a abrirse una y otra vez y en cada oportunidad erosiona un poco más el mito de los 30 mil desaparecidos.

En tercer lugar la reacción de Garré ilustra a los que no vivieron en aquella época sobre la mentalidad de las personas que integraban, apoyaban o simpatizaban con la guerrilla. Esa mentalidad es incompatible con el funcionamiento de estados y parlamentos democráticos y con la libertad de conciencia asegurada por cualquier constitución liberal.

Es contradictorio con una Constitución como la argentina que el Estado se convierta en una cátedra de moral o en la autoridad que fija la historia canónica. Mañana podría decidir, por ejemplo, que la represión ilegal fue una acción patriótica dirigida a preservar a la nación del peligro del comunismo.

Si cualquier opinión sobre cualquier hecho histórico es convertida en ley, dudar o proponer otra opinión es ilegal y empieza la caza de brujas y la quema de herejes, aberración que la izquierda sufrió en carne propia y debería naturalmente repudiar. Desde esta perspectiva, ¿qué diferencia a la diputada Garré del senador McCarthy?

Un hecho simultáneo con el proyecto de Garré marca el desgaste del relato "K" en materia de crímenes de lesa humanidad: el Estado será querellante en el caso de la desaparición del soldado Ledo, en el cual ha sido involucrado el general Milani, jefe del Ejército de Cristina Kirchner bendecido por Hebe de Bonafini. El actual secretario de DD.HH. dijo que la madre del soldado "sufrió muchos años de maltrato e indiferencia (del Estado) por no alinearse políticamente (con el gobierno K)".

Denunció de esa manera no muy elípticamente que hubo un uso político y oportunista de la defensa de los DD.HH. que comienza a ser desenmascarado y que difícilmente pueda ser ocultado con una ley, cualquiera sea su contenido.