Garavano dijo que el DNU sobre extranjeros se consensuó con la mayoría de la oposición

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó hoy que el decreto sobre un nuevo régimen migratorio respecto de extranjeros vinculados con delitos cometidos en el país o de aquellos con antecedentes penales que quieran ingresar, es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.

"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".

Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la radio La Red.

"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", apuntó Garavano. 

Al responder sobre la urgencia en dictar el decreto -publicado hoy en el Boletín Oficial- y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves, y en esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora, y que, en todo caso, más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".

Respecto de la situación algunos jueces cuestionados, como Daniel Rafecas o Eduardo Freiler, sostuvo que "la sociedad ya no tolera más jueces vinculados con hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito, porque eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, y eso es lo que el Consejo de la Magistratura tiene que corregir".

Garavano también insistió con que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, debe renunciar a su cargo "porque ella está siendo también investigada, por sus propios fiscales, por haber aparentemente alterado situaciones donde se investigaban hechos de corrupción del gobierno anterior".