Manteros: una cuestión municipal convertida en problema político

El mismo día en que Mauricio Macri anunciaba el inicio de una de las obras de infraestructura más ambiciosas en décadas para mejorar la circulación en la ciudad de Buenos Aires, en Once un grupo de usurpadores del espacio público se adueñaba de la calle ante la mirada impasible de la policía y convertía el tránsito en un caos. Daba además por los medios un espectáculo de impunidad y prepotencia que reducía a escombros la autoridad del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Una autoridad, dicho sea de paso, conferida por el voto popular, pero no ejercida. A lo que hay que agregar que el Paseo del Bajo ocupó pocos minutos en los canales de noticias, mientras el escándalo de los manteros, horas.

Las dos imágenes ilustraron perfectamente una de las principales equivocaciones en la que incurre el macrismo: confundir gestión con gobierno. Además de administrar y hacer obras tiene la obligación de ejercer el poder y de tomar decisiones políticas cuando se agotan las vías de negociación, aunque las medidas que surjan de esas decisiones involucren el riesgo del uso de la violencia para restaurar el estado de derecho.

De lo contrario cae en la misma trampa en la que cayó durante doce años el kirchnerismo, que permitió primero y alentó después el uso de la fuerza por parte de grupos de protesta que se adue¤ñaron de rutas, calles, autopistas y hasta puentes internacionales violando la ley, obteniendo subsidios

y arrasando con el derecho constitucional a la libertad de circulación del resto de los ciudadanos.

¿Cómo encaró el problema Rodríguez Larreta y porque no utilizó el poder de coacción que le otorga el cargo? Para salir del trance sin aplicar la fuerza y arriesgarse a que la policía (sospechada de ser socia de los manteros) se excediese en la represión, resolvió negociar con los que ejercen un multimillonario comercio ilegal que algunos dirigentes del oficialismo califican de mafioso.

En forma llamativa la negociación estuvo a cargo de los ministros de Modernización y de Ambiente y Espacio Público. Ni el de gobierno ni el de seguridad participaron, a pesar de tratarse de un asunto de clara competencia policial.

La `solución' alcanzada consistió en darle a centenares de manteros 25 mil pesos y espacios en galpones cercanos a los lugares que usurpaban. Como el acuerdo no alcanzó a todos, al día siguiente otros reclamantes de subsidios, volvieron a cortar la avenida Pueyrredón.

El episodio es consecuencia de varias hipótesis erróneas. En primer lugar de la biblia macrista de que todo debe ser resuelto por consenso. Del autoritarismo de la anterior gestión se pasó a la falsa creencia de que ejercer la autoridad es reprochable. La negociación muchas veces no resuelve todas las diferencias. Llega el momento entonces en el que el que gobierna debe aplicar la ley.

El macrismo parece considerar también que si aplica la ley queda automáticamente identificado con la derecha represora y fascista a la que de ningún modo quiere parecerse. Siente una suerte de sentimiento de culpa ideológico, lo que lo obliga a someterse al catecismo de la `corrección política': cualquier conducta ilegal es permitida si se practica en nombre de una presunta justicia social. Además el Estado carece de legitimidad para aplicar el Código Penal a los que se presentan a sí mismos como `excluidos'.

Los funcionarios macristas pretenden no pagar costos políticos, pero eso es una ilusión. Lo que creen no pagar por no desalojar las calles, lo pagan en una peligrosa pérdida de autoridad. Así, después de acordar con las organizaciones de piqueteros costosos

subsidios para que no asaltaran los supermercados en diciembre, grupos minúsculos que no entraron a los entendimientos cortaron cuantas veces les vino en gana la 9 de Julio dejando en ridículo al gobierno.

Otros ejemplos sobran. El Ministerio de Educación anunció que terminaría con 400 contratos de nula utilidad práctica, hubo protestas, aceptó continuar con 200 y se sospecha que terminará renovando la totalidad. La planta de empleados públicos inflada espectacularmente en el último tramo del gobierno `k` sigue inflada y recién la semana pasada el flamante ministro Dujovne resolvió hacer un censo. Hay un punto en el que por evitar costos se pierde identidad. Ese es un riesgo anexo al de la pérdida de autoridad. Un riesgo que debería evaluar en un año en el que se presentará a elecciones proclamándose una vez más como el impulsor del cambio.