El fantasma de la "ley Mucci"

Por Observador

Apenas asumió la presidencia Raúl Alfonsín se embarcó en una cruzada política para democratizar el sindicalismo. Remitió al Congreso un proyecto llamado “ley Mucci” por el ministro de Trabajo que lo redactó. Logró la aprobación de la Cámara de Diputados, pero la mayoría del peronismo en el Senado lo rechazó. Un fracaso político durísimo.

Algo similar ocurre con el proyecto de boleta electrónica que apuntaba a eliminar el fraude y las maniobras con la boleta  de papel que tiñen de sospechas todas las votaciones. En este caso en lugar de los sindicalistas del PJ, los perjudicados eran los gobernadores y dirigentes que se benefician del “aparato” electoral más poderoso del país. El único con capacidad de poner fiscales en todas las mesas y el principal sospechoso de alterar los resultados en los lugares no controlados por otros partidos.

La consecuencia de la derrota de Alfonsín fue que 33 años después los sindicatos siguen siendo el único reducto de poder de la Argentina  en el que no entró la democracia.

Hasta los militares sintonizaron con la nueva realidad institucional, pero los sindicalistas siguen muriendo en el control de sus organizaciones después de décadas de manejarlas discrecionalmente. Las sospechas de corrupción y el enriquecimiento de muchos de los ellos son un estigma del que el sistema democrático nunca pudo liberarse. Hay dirigentes que son empresarios poderosos y sindicatos que suelen dirimir sus disidencias a los tiros. La defensa de los intereses de los trabajadores es indistinguible del delito.

El fracaso de la boleta electrónica preserva el actual estado de sospecha sobre la transparencia electoral. Ayer ningún senador peronista dio la cara para fijar postura públicamente. El bloque del FPV emitió un comunicado diciendo que seguiría  estudiando el tema y que no lo aprobaría en los términos aprobados por la Cámara de Diputados.

 Se  podría decir que los gobernadores que concurrieron al Senado y extendieron el certificado de defunción al proyecto actuaron en defensa propia. Nadie se suicida renunciando a usar un enorme aparato engrasado con dinero público y consolidado a lo largo de tres décadas de votaciones.

Pero como en el caso de la “ley Mucci” la conducta del PJ no será inocua. Ampliará aún más la brecha entre la clase política y los ciudadanos de a pie. Entre los que viven de la política y los que ven como los políticos buscan perpetuarse en el poder aun a costa de hacer trampas.

 Deslegitimará al mismo tiempo al sistema. En ese sentido hay dos derrotados: el gobierno y el sistema, cuya legitimidad ha sido erosionada por la corrupción a gran escala y ahora suma la sombra del fraude al perpetuar el uso de la boleta de papel .