Cárceles: la necesidad de un cambio profundo

Con la intención de mejorar el sistema carcelario bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal dio un paso importante hace unos días cuando dispuso el proyecto para un cambio en profundidad del Servicio Penitenciario Provincial (SPB).

De esta manera, Vidal hace foco en una de las patas más importantes relacionadas con uno de los reclamos centrales de la sociedad: la seguridad. El comentario popular sobre la vida en prisión es que se han convertido en "escuelas para mejorar la delincuencia". Y esto tendrá que ver, seguramente, con la corrupción enquistada en el sistema.

A esto, hay que agregar la deplorable situación que viven hoy los detenidos en muchas de las cárceles. Hacinados, maltratados, no encuentran en las prisiones lugares que les ayuden en un futuro a reinsertarse socialmente.

La doctora Julia Márquez, jueza de ejecución penal número 1 de Quilmes, lleva casi dos décadas recorriendo las cárceles bonaerenses. "Hay un trabajo que hay que hacer en el ambiente penitenciario. Hay que terminar con las cárceles como mero depósito de personas", expresa la magistrada, miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia.

En ese sentido, Márquez indica que los cambios pueden ser un comienzo, pero no alcanza. "No se hasta donde se tiene conciencia de todo lo que se tiene que hacer", señala.

CAMBIO PROFUNDO
Para la jueza, el cambio profundo que necesita el sistema carcelario no pueda quedar circunscripto solo al ámbito de los Servicios Penitenciarios. "Es fundamental trabajar en planes grandes de educación y salud".

Como ejemplo, Márquez cuenta que en una reciente visita a la unidad carcelaria 42, ubicada en Florencia Varela, de 830 condenados había inscriptos para la escuela unas 260 personas, pero solo había 20 en clase.

"En un sistema donde se estima que un importante porcentaje de los presos no terminó la escuela primaria, vemos que es poco lo que se hace para que tengan educación", sostiene la magistrada.

Otro tema central que hay que trabajar, expresa la jueza es el del tratamiento de las adicciones. "Es un tema que se hace muy poco", cuenta Márquez, y da otro ejemplo.

"Se había creado una unidad de tratamiento especial para adictos en Gorina con entre 300 o 400 plazas. Sobre un total de 36 mil presos no es mucho pero era algo. El tema es que al día de hoy quedaron poco más de 100 plazas porque ya se ocuparon los pabellones".

Márquez cuenta que hay muchísimos casos de gente adicta en las cárceles. "Hay internos con muchos años de consumo, algunos ya no lo consideran un problema. El tema es que si estos problemas subyacen cuando recuperan la libertad después es probable que vuelvan a delinquir".

La jueza indica que la mayoría de los detenidos salen de la cárcel igual que entraron. "En el pabellón se la pasaron escuchando música y jugando a la play. Hoy lamentablemente un pabellón de una cárcel es parecido muchas veces al pasillo de una villa donde muchos jóvenes no tienen nada para hacer, no aprenden nada".

"Si en la cárcel no se propone un cambio en serio va a ser más de lo mismo. Son en muchos casos generaciones de gente que ya tuvieron a su tío o padres presos".

LA ESCUELA
La magistrada comenta que en estos años en las cárceles vio mucha gente con aspecto de adulto "pero mentalidad de niño. Por eso es necesario que vaya al menos a la escuela. Tal vez no quiera ir, pero hay que buscar mecanismos para que concurra".

Márquez recuerda que la pena para un delito tiene como objetivo la resocialización con educación, trabajo y asistencia psicosocial. Es decir que la escuela está dentro de los objetivos que la recuperación del detenido debe cumplir.

"Mas allá de lo pedagógico -continúa- la interacción con el docente ayuda a motivar, a mejorar el hábito como persona. Ayuda a la persona detenida a que antes de hacer algo lo pueda pensar. En los presos se ve mucho el hábito o la forma de la reacción sin pensar. Así se mata, se comete el ilícito muchas veces".

La jueza expresa que también asistir a clases les da reglas, otro tema que los detenidos no suelen poner en práctica en la vida delictiva. "Tienen que cumplir con un horario, tener responsabilidad. Genera hábitos de convivencia y de respeto. Aprenden otros modos de hablar".

Márquez agrega que hay que poner el foco también en los maestros. "Hay faltante de maestros y a veces hay poco control. Hay que dar condiciones y también exigir que se trabaje bien".

Para la magistrada hoy falta un plan que sea integral y con objetivos comunes en todas las cárceles. "En un penal tal vez el director piensa que lo mejor es que los detenidos hagan más deportes y se les da eso. En otro otra cosa, pero no hay un sistema que integre a todas las unidades".

La jueza cuenta también que muchos intentos caen en saco roto. "Hace un tiempo había conseguido un convenio con la cátedra de psicopatología de la UBA para que profesionales y estudiantes pudieran concurrir a las cárceles para trabajar en casos complejos como los de homicidas múltiples o violadores. El único pedido de la cátedra era que se les pusiera una combi para llevarlos. El móvil jamás fue puesto y el proyecto nunca se concretó".

INTENTAR
La magistrada sostiene que estos intentos son muy importantes porque se debe enfrentar una realidad. "Hoy sabemos que el condenado en la Argentina porque así lo establece la ley va a salir de la cárcel. Si no hacemos nada sabemos que la persona saldrá y volverá a matar o violar. Si hacemos algo, no es del todo seguro, pero al menos tenemos la posibilidad de que cuando salga no cometerá más delitos".

Márquez también critica que desde el derecho penal hoy se plantean todos los casos iguales. "Una persona que robó una billetera necesitará un tratamiento distinto al que mató en riña o en forma violenta. Nos vendieron mucho el tema de la exclusión social pero vemos que no todos los excluidos delinquen y que hay delincuentes que no vienen de un hogar marginal. Por eso cada caso es único, y hay que trabajarlo como tal".

"Lo que hay que tener en cuenta -agrega- es que cuando alguien llega a esta instancia y termina en la cárcel ya está en su situación peor. Y hoy hay muchos jóvenes afuera que están en este contexto relacionado al delito camino a terminar presos. Por eso hay que trabajar en la cárcel y afuera para cambiar el contexto".

La magistrada afirma que además hay que ver que pasa con el patronato de liberados. "Una vez que la persona es liberada el patronato debe hacer un seguimiento y hay que ver si esto ocurre, si se está haciendo bien".

Para Márquez la recuperación de un condenado "es un trabajo de hormiga y muy frustrante. Pero logrando que al menos algunos que salen de la cárcel no vuelvan porque pudieron reintegrarse bien estaremos haciendo algo positivo".

SOLO SEGURIDAD
"Desde la asociación siempre bregamos por desmilitarizar el sistema penitenciario. Así que las medidas tomadas por la gobernadora en principio son positivas", expresa a La Prensa Larisa Zerbino, miembro de la mesa nacional y referente en el tema cárceles de la Asociación Pensamiento Penal.
La especialista opina que las fuerzas del Servicio Penitenciario deben estar en un perímetro separado y con la tarea única de brindar seguridad. ""Los sistemas de salud y educación, regímenes de trabajo, derechos sociales, todo esto debe quedar en manos de civiles que no tengan que ver con el Servicio Penitenciario"

Zerbino expresa que aquella persona que pasó por la cárcel tras un delito para no caer en la reincidencia debe contar con un sistema que lo integre de nuevo a la sociedad.
 

"La única manera de combatir la reincidencia es con inclusión postpenitenciaria. La cárcel no readapta. Hay que crear un sistema que incluya salud, trabajo, cultura, política, educación para la integración".

La profesional indica que hoy el acceso al trabajo para quienes tuvieron antecedentes penales es muy difícil. "Está muy limitado el trabajo. En casi todos los empleos piden antecedentes y cuando aparece este tema es muy difícil que le den el trabajo".

Ante esta traba, Zerbino cuenta que muchos ex convictos se autogestionan, formando cooperativas. "Incluso el año pasado se presentó un proyecto con media sanción en diputados para modificar el artículo 64 de la ley de cooperativas que prohibe a personas con antecedentes penales formar parte del Consejo Directivo".

SIN ACCESO
La especialista señala además que no todos los presos tienen acceso a educación universitaria o programas culturales. "Faltan docentes que den clases en concepto de encierro".

Lo mismo ocurre con el trabajo. "No todos las personas en situación de encierro acceden a un trabajo dentro de la cárcel. O a veces tienen que optar entre estudiar o trabajar, no hay horario para poder hacer todo".

Zerbino defiende que se le pague un salario a quien trabaja en la prisión. "Está bien que cobre el mínimo por convenio de actividad. Además en la gran mayoría ese salario sirve para poder mantener a la familia".

"Es importante crear una política pública penitenciaria y postpenitenciaria. Hay que cambiar ese quiebre muy notorio de la vida de quien está privado de la libertad y quien está afuera. Hay una gran división", expresa la representante de la Asociación.

Zerbino comenta que muchos presos cuando salen del penal "no tienen dinero ni para tomar un colectivo. No tienen donde vivir y terminan en varios casos viviendo en situación de calle".

Para la especialista hay que generar un sistema integral de inclusión que se ponga en práctica "el primer día que ingresa el condenado a la cárcel".