Siete días de política

Un fuerte cambio político que el kirchnerismo intenta frenar

Macri logró aprobar en Diputados la boleta electrónica que podría alterar en forma decisiva la práctica electoral. La mayoría kirchnerista del Senado quiere (y puede) sabotearla.

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia abrió la posibilidad de cambios críticos que afectan a varias corporaciones. Por jemplo, a la crema de los empresarios el presidente les dijo por enésima vez el jueves pasado en una nultitudinaria comida en el Hotel Alvear que deben invertir si quieren sobrevivir y no esperar que el Estado los proteja asegurándoles la rentabilidad de sus negocios como ha venido haciendo en los últimos 70 años.

Los empresarios lo aplaudieron y le dijeron, de los dientes para afuera, que lo apoyan. Esperarán, sin embargo, a ver cómo le va el año próximo para abrir la billetera. Están acostumbrados a cambios políticos bruscos y no modificarán su estrategia por obra y gracia de un presidente novato por más entusiasmo con que les hable.

Con la Justicia pasa otro tanto. El ministro Rogelio Frigerio se quejó anteayer porque las causas en las que se investiga la corrupción kirchnerista se lentificaron, pero si el año que viene vuelve a triunfar Cambiemos, los ex funcionarios con Cristina Fernández a la cabeza se verán seguramente en problemas. En Tribunales también se impone la estrategia de esperar para ver. Si la gente quiere cambios, habrá cambios, pero primero esa voluntad deberá quedar cuantificada en las urnas.

Por otra parte Frigerio salió a expresar la "preocupación" del gobierno apremiado por Margarita Stolbizer que se ha contagiado de su socio Sergio Massa. A ella también "la puede" ahora la tentación de "sacar ventaja" haciendo denuncias dudosas por los medios. Acusó al macrismo de estar detrás de la demora de los tribunales para beneficiar a CFK y perjudicar al massismo que no termina de despegarse de su pasado.

Pero el cambio más espectacular no se da en la corporación empresaria ni en la judicial, sino en la política. El miércoles Diputados aprobó una reforma electoral que puede significar un golpe decisivo al punterismo y al clientelismo, fenómenos ambos favorecios por una pobreza endémica que creció como nunca desde los 90.

De ser convertida finalmente en ley por el Senado, la reforma puede tener un impacto electoral notorio, ya que con la desaparición de la boleta de papel se reduce de manera drástica el peso los "aparatos" partidarios. Desaparecerá el robo de boletas y no resultarán necesarios como hasta ahora los fiscales para asegurar que los votantes las encuentren en el cuarto oscuro.

La boleta electrónica tendrá además un chip que permitirá reducir notoriamente las posibilidades de fraude en el escrutinio. En este aspecto la reforma podría convertirse en un equivalente de la reorganización del INDEC: así como la sociedad está enterada ahora de la real cantidad de pobres que dejó el peronismo, se podrá conocer en adelante su verdadero apoyo popular.

¿Cómo reaccionó el kirchnerismo a esta novedad que puede dañarlo? En Diputados la rechazó y en el Senado, donde tiene en proporción más representantes, amenaza con hundirla. Dos ultra K, los senadores Abal Medina y Fuentes, anticiparon que quieren sacarle el chip a la boleta, con lo que el punterismo resucitaría al mismo tiempo que la sospechas de fraude.

Los tironeos que se avecinan en la Cámara de Senadores tienen un final imprevisible, aunque las posiciones ya están prácticamente definidas. Los peronistas rechazan el chip en la boleta porque son los únicos que pueden controlar el escrutinio en todas las mesas.

Según las encuestas, la sociedad está a favor de terminar con las boletas de papel (ver Visto y Oido), el punterismo y el fraude, pero a muchos senadores del PJ ese deseo no les provoca insominio, mientras que la perdida del control electoral representaría una catástrofe.

Por otro lado los K pueden frenar la sanción definitiva del proyecto introduciéndole modificaciones, lo que obligaría a su tratamiento en segunda revisión en Diputados. Como el gobierno pretende aplicar la reforma en 2017, considerá imperativo darle sanción definitiva antes de fin de año, propósito que se complica si el proyecto vuelve a Diputados.

En síntesis, los cambios a los que aspira el nuevo gobierno son inéditos y le han abierto varios frentes. A su puja con los empresarios, la iglesia y los sindicatos se suma en las últimas hora la que mantiene con la clase política. Salvando las correspoendientes distancias es equivalente a la pulseada que mantuvo Raúl Alfonsín con los jefes gremiales peronistas por la democratización de la vida sindical en los 80. Una batalla decisiva y de pronóstico incierto.