Mirador político

Ahora o nunca

La ex presidenta nunca hubiera tenido que rendir cuentas si las elecciones no las hubiese ganado Mauricio Macri, líder de un partido que llegó por primera vez al poder y al que se presume sin compromisos con los que gobernaron durante las últimas tres décadas.


La indagatoria judicial de Cristina Fernández de Kirchner por delitos contra la administración pública representa una oportunidad histórica para tomar conciencia de la corrupción estructural que ha extendido por el estado como una metástasis y para actuar en consecuencia.

La ex presidenta nunca hubiera tenido que rendir cuentas si las elecciones no las hubiese ganado Mauricio Macri, líder de un partido que llegó por primera vez al poder y al que se presume sin compromisos con los que gobernaron durante las últimas tres décadas.

La que se presenta es por lo tanto una ocasión única para revisar lo sucedido durante la última década, cuantificar el daño económico, poner al descubierto los vínculos entre política y delito y evaluar el impacto negativo que han tenido para el desarrollo del país. Si esta oportunidad se frustrara, la lacra de la megacorrupción quedaría impune y las instituciones reducidas a una parodia. Dicho brevemente: es ahora o nunca.

La ex presidenta está sospechada de asociación ilícita. Ella y sus colaboradores, entre los que se encuentra el segundo de Julio De Vido, el señor José López, sorprendido "in fraganti" mientras intentaba esconder 9 millones de dólares en un convento. Se la investiga por una monumental estafa a través de un testaferro, Lázaro Báez, al que se le asignaba la casi totalidad de la obra pública.

Báez pasó de modesto empleado bancario a multimillonario. De contar pesos como cajero en Santa Cruz a tener empleados que contaban euros por él en una cueva de Puerto Madero. Se estima que la estafa supera los 15 mil millones de pesos y que el dinero volvía a los Kirchner mediante pagos ficticios. Los indicios son abrumadores. La llamada "década infame" parece juego de niños en comparación. Alegar "persecución política" es ridículo.

Pero no sólo la ex presidenta y sus funcionarios están en la mira. En los últimos días se instaló una polémica por el pedido de destitución del juez federal Daniel Rafecas que rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández. Hay que recordar que es el mismo juez que enseñaba por chat al abogado de Amado Boudou cómo defender mejor a su cliente en la causa Ciccone. También el mismo que tuvo ocho años sin avances la causa de enriquecimiento de José López.

Pero tampoco la corrupción se limita al gabinete o la justicia kirchneristas. Un sindicalista "K", Omar "el caballo" Suárez, fue detenido ayer por asociación ilícita y extorsión. Suárez es además empresario. Su sindicato fue investigado por una diputada designada por Macri.

Empeñada en combatir la corrupción en la policía bonaerense la gobernadora María Eugenia Vidal recibe constantes amenazas y se tuvo que mudar a un cuartel. Desde que se instaló el nuevo gobierno se recapturaron más de 1.500 prófugos que nadie buscaba. Como se verá la situación es crítica. Pero para luchar contra la megacorrupción y la inseguridad no alcanza con la voluntad de un gobierno. Hace falta que la sociedad, el 54% de la cual votó a CFK en 2011, cobre conciencia de la magnitud que alcanzó y dé la señal adecuada para que los poderes del Estado aceleren su depuración. Si la sociedad no repudia a los corruptos, la oportunidad de erradicarlos se habrá perdido.