Un financista vinculado al kirchnerismo fracasó en su intento de frenar la causa por lavado de dinero

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo que habilita una investigación penal por supuesto lavado de activos contra el financista porteño Guillermo Greppi, cercano al kirchnerismo, y su ex mujer.

La Sala Cuatro del máximo tribunal penal del país rechazó un recurso de queja de la defensa de Greppi y Analía Mutti, que pretendía impugnar un fallo de la Sala Dos de Cámara Federal de julio pasado había revocado el sobreseimiento del financista dictado por el juez federal Luis Rodríguez.

Greppi, que admitió ser amigo de Carlos Liuzzi, ex número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, afrontó en mayo pasado un allanamiento en su casa del barrio porteño de Palermo y los efectivos de Prefectura y la AFIP encontraron 1,6 millón de dólares y 200 millones de pesos en varios escondites. 

El titular de la financiera "Propyme" negó en aquella oportunidad que se tratase de millones provenientes "de la obra pública" durante el kirchnerismo así como tampoco derivados de los "cheques de (Sergio) Schoklender", quien fue administrador del proyecto Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo.
Ya en 2013 Greppi afrontó otro allanamiento, ordenado por el entonces juez federal Norberto Oyarbide en las oficinas que tenía en la calle Maipú 311 de esta capital, donde según los investigadores judiciales supuestamente cambiaba dinero y cheques.
Según denunció entonces, los oficiales de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC) de la Policía Federal le habrían dicho que si les entregaba 2,5 millones de pesos ellos dejaban todo el operativo en la nada, no lo molestarían más y se iban por donde habían llegado.
Greppi llamó a Liuzzi para contarle lo sucedido y el funcionario se comunicó con Oyarbide, quien suspendió todos los allanamientos.
La investigación corroboró que el día del allanamiento Greppi llamó a las 14:14:17 a Liuzzi -en una comunicación de 27 segundos- y que el funcionario a las 14:57:44 se comunicó al celular del sargento de Gendarmería Héctor Ricardo Estrada, custodio de Oyarbide, y durante 2:31 minutos habló con el juez, que luego suspendió todos los procedimientos.
Al día siguiente, y luego de que Greppi hiciera pública su versión, Oyarbide presentó una denuncia contra él mismo en la Justicia federal pidiendo que se lo investigue y recayó en manos del juez federal Luis Rodríguez, nombrado juez en el actual gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
Finalmente, Rodríguez cerró la causa penal contra el ahora ex juez federal Norberto Oyarbide y Carlos Liuzzi, luego de que el fiscal federal Ramiro González no apelara los sobreseimientos que había dictado el magistrado