Rechazó que las monjas sufran privación ilegítima de la libertad

El arzobispo de Paraná aseguró que los cilicios encontrados en el convento de Nogoyá "no son de torturas"

Juan Puiggari volvió a cuestionar por "desproporcionado" el operativo judicial en el convento, donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación, en medio de la polémica por la persistencia de estas prácticas medievales en la Iglesia.

El arzobispo de Paraná, Juan Puiggari, dijo hoy que los cilicios encontrados en el convento de Nogoyá "no son de torturas" y rechazó que las monjas sufran privación ilegítima de la libertad, mientras que expertos advirtieron que se violan derechos a la dignidad de las personas.

El prelado volvió hoy a cuestionar por "desproporcionado" el operativo judicial de ayer en la casa religiosa, donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación, en medio de la polémica por la persistencia de estas prácticas medievales en la Iglesia.

"No es que se torturen entre ellas, no hay privación de la libertad. De ninguna manera se ha infringido ninguna ley, no sé cómo se puede tipificar el delito", sostuvo. 

En una rueda de prensa en la sede del arzobispado, Puiggari explicó que lo que se encontró fue lo que "se llama cilicios, que no son elementos de torturas", aunque reconoció que esos instrumentos provocan "cierta molestia, pero de ninguna manera lastiman".

Monseñor Puiggari insistió en rechazar que las religiosas del monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, estén privadas en forma ilegítima de su libertad como denunció una publicación periodística.

"Son todas mujeres mayores de edad en su sano juicio que deciden y elijen una vida austera", aseguró.

El hallazgo en el convento de cilicios, látigos y pequeñas fustas de cuero, que el fiscal de investigación Federico Uriburu consideró "elementos de tortura y autoflagelación", hizo que expertos cuestionarán que la Iglesia permitiera la utilización de estos instrumentos para infligirse dolor de modo sistemático.

"En el siglo XXI no pueden ocurrir este tipo de prácticas en un claustro religioso", dijo el abogado constitucionalista Roberto Vicente, profesor de la Universidad Nacional del Litoral.

En declaraciones a LT 10 Radio Universidad, el abogado justificó la intervención de la justicia en el caso del monasterio de Nogoyá, porque "se está produciendo una violación a los derechos de la dignidad de las personas, con elementos de tortura".

"A esto le sumamos que se trata de monjas de clausura, aquí hay una deformación del sistema de clausura", sostuvo, y añadió: "Una cosa es elegir ser religiosa, no tener contacto con la sociedad y tener una vida de penitencia. Ahora, el problema es si estas son prácticas sistemáticas que se vienen realizando en este tipo de organizaciones".

El constitucionalista sostuvo que aún cuando se trate de un hecho aislado, la justicia debe intervenir porque "el Estado no puede mirar para otro lado, cuando se está violando el tratado contra la tortura y la dignidad de la mujer".

"Nadie puede cuestionar la disciplina religiosa. Por ejemplo, nadie puede cuestionar que alguien se someta al celibato. Ahora, la Iglesia no podría obligar a alguien a someterse a una operación para garantizar esto. No se puede torturar a alguien para que cumpla con los requisitos religiosos", advirtió.

En un documento reciente sobre la vida contemplativa, aunque no habla en particular de estas prácticas, el Papa llamó a revitalizar los conventos de clausura, pidió a las monjas una mayor formación y advirtió sobre los riesgos de "reclutar" extranjeras para la supervivencia de los monasterios.

El allanamiento al convento de Nogoyá, 300 kilómetros al este de capital entrerriana, se realizó tras una denuncia periodística sobre privación ilegítima de la libertad agravada, castigos intramuros, desnutrición, autoflagelación, y el uso de látigo, cilicio y mordazas, entre otros elementos de tortura.