Procesaron a cinco inspectores del gobierno de la Ciudad por la Time Warp

El juez federal Sebastián Casanello procesó a cinco funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y citó a declaración indagatoria al director de Habilitaciones y Permisos en la causa que investiga las cinco muertes por consumo de droga sintética en la fiesta electrónica Time Warp el 15 de abril pasado.

El juez consideró que en Time Warp hubo "una venta de drogas que se desplegaba en sus narices y con total normalidad, conforme surge de los numerosos testimonios recolectados", sobre los funcionarios porteños que estuvieron esa noche en el predio de Costa Salguero

Advirtió que los funcionarios presentes en el lugar debieron haber clausurado el evento pero, en cambio, ni siquiera labraron un acta de infracción ante las numerosas irregularidades que hubo, principalmente la "notoria" venta de droga en el predio.

"El no haber avisado a las fuerzas de seguridad o a la Fiscalía de turno pone de manifiesto su papel dentro del plan de los organizadores. El no hacerlo fue un aporte sustancial a los hechos", sentenció Casanello sobre el rol de los procesados.

La decisión del magistrado recayó sobre el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella, según el fallo firmado este martes.

Todos quedaron procesados sin prisión preventiva como supuestos "partícipes necesarios" de "comercio de estupefacientes, agravado", y coautores de "abandono de persona seguido de muerte y lesiones y muerte" e "incumplimiento de deberes de funcionario público". Además les prohibió salir del país y embargó a cada uno por veinte millones de pesos.

Casanello indagará además el próximo 14 de junio a las 10 al director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, Diego Pérez Lorgueilleux. Este funcionario fue quien firmó un permiso especial para la realización del evento.

El procesamiento de los funcionarios e inspectores que estuvieron esa noche en Costa Salguero había sido pedido por el fiscal federal Federico Delgado por abandono de persona. Casanello los procesó por delitos más graves.

Para el juez, los inspectores estaban para "velar" por la seguridad de los asistentes y sabían que los controles eran ejercidos por una agencia de seguridad con "personal homologado ni por la Prefectura" sino por personal de la organización del evento, entre otras irregularidades.

"Incluso, ya con las muertes consumadas, y con otros tantos jóvenes derivados a centros asistenciales, los inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no suspendieron el evento", advirtió el juez, "ello permitió el último paso del plan de la organización, la limpieza del predio. Tal como se expuso en reiteradas ocasiones, esa tarea recién fue interrumpida por orden judicial, varias horas después y permitió la eliminación de rastros".

Casello remarcó que hubo hacinamiento, escasez de agua y otras irregularidades que "crearon un clima propicio para desencadenar el resultado trágico".

"Los imputados observaron y toleraron la creación de éstas circunstancias, respetando una suerte de pacto de silencio y abandonando de esta forma a los concurrentes a su suerte, cuando su deber era cuidarlos", sentenció.

Dentro de la fiesta se "colocaron sustancias insalubres o cosas dañinas; se suministró alcohol a personas menores de edad; se toleró la presencia de personas menores de edad cuando no estaba autorizada su entrada; se permitió el ingreso de personas en exceso; y se omitieron los recaudos de organización y seguridad lo que generó desórdenes, aglomeraciones y avalanchas".

"Todo ello en franca violación a los arts. 54, 60, 61, 92, 96 y 100 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente. A pesar de ello, los imputados ni siquiera labraron un acta", agregó el juez.

En la causa ya están detenidos los procesados como organizadores el abogado Victor Stinfale, el titular de Dell Producciones Adrián Conci y los apoderados Maximiliano Avila y Carlos Garat.
En tanto está prófugo el dueño de la firma Energy Group, Walter Santángelo.