El fiscal Di Lello resolverá entre el jueves y viernes próximo si Macri va a juicio por las escuchas

El fiscal federal Jorge Di Lello resolverá entre el jueves y viernes próximo si el presidente electo, Mauricio Macri, debe ir a juicio o no en la causa por las "escuchas ilegales", al destacar que el futuro jefe de Estado tiene que tener "definida su situación jurídica" antes de su asunción.

Di Lello explicó que el juez federal Sebastián Casanello le envió la "causa en vista" para que se pronuncie si corresponde "elevar a juicio, sobreseer o pedir más pruebas" en la causa de presunto espionaje ilegal por parte del Gobierno porteño.

"Estoy trabajando a todo ritmo, con la mayor ligereza posible, porque mi idea es que el dictamen esté terminado entre el jueves y viernes", remarcó el fiscal en diálogo con radio La Red, donde especificó que por "una cuestión institucional", el presidente electo debe tener "una situación clara de su posición jurídica". 

Di Lello recordó: "Yo hace un año y medio ya había pedido que se elevaran todos a juicio oral".

El fiscal formuló estas declaraciones luego de que la causa en la que Macri está procesado por espionaje ilegal entró ayer en una instancia de definiciones, tras una resolución de Casanello que cerró la instrucción del caso.

"Hay una cuestión institucional que hace que por el bien del Estado argentino, quien es casi el presidente, tenga una situación clara de su posición jurídica", enfatizó Di Lello.

Reiteró que "sí o sí" tendrá listo su dictamen esta semana, al insistir: "Es necesario que el presidente tenga definida su situación jurídica".

Macri está procesado por una estructura enquistada en el Gobierno porteño contra adversarios políticos y familiares: fue el único en una lista que no fue enviado a juicio oral y su situación quedó en espera de averiguaciones que el juez Casanello quería hacer en Estados Unidos, país que se negó a entregar esa información.

Fuentes judiciales informaron que el jueves pasado, cuatro días después de ganar el balotaje, el abogado de Macri, Alejandro Pérez Chada, pidió el sobreseimiento de su cliente.

La defensa sostuvo que la producción de prueba que estaba pendiente no había permitido disipar las dudas y por lo tanto, a su criterio, correspondía cerrar la causa en su contra.

Ahora, Casanello le dio vista para que opinen al fiscal Di Lello y a las dos querellas: el familiar de víctimas de la AMIA Sergio Burstein, y el cuñado de Macri, Néstor Leonardo, quienes tendrán seis días hábiles para emitir su respuesta -aunque pueden pedir una prórroga-.

La causa empezó en 2009 cuando Burstein estaba de viaje en Nueva York con la presidenta Cristina Fernández para participar de una asamblea en la ONU y un agente de la SIDE llamó a su casa del barrio de Almagro y habló con su hija diciéndole que el teléfono de su padre había sido "pinchado".

Según Burstein, el desconocido dijo que había sido por orden del Jorge "Fino" Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana, a quien el marido de una víctima de la AMIA denunciaba por el desvío de la "pista siria" en el atentado.