La grieta insalvable

Cuando la lucha por el poder se pone áspera, en la interna de Cambiemos se pueden acusar como mucho de "neoliberales". En la del peronismo, directamente de narcotraficantes.

La diferencia no es retórica, sino sustancial y obedece a concepciones distintas de las prácticas políticas, de la legalidad y hasta de la convivencia más elemental. También responde a abismales diferencias culturales entre los sectores sociales que votan al peronismo o a otras fuerzas políticas.

Hay un sector cada vez más amplio que no condena la violencia verbal, ni de cualquier otro tipo, sino que la vota. Que ha naturalizado la corrupción y que admite cualquier conducta pública o privada de quienes ejercen el poder. Es cada vez más evidente la existencia de un déficit de civilización, fenómeno de larga data pero cuya exposición en los medios lo ha convertido en un espectáculo desolador.

Frente a ese sector hay otro -minoritario- que se escandaliza con los denuncias como la que salpicó a Aníbal Fernández y que en cualquier país con instituciones que funcionen medianamente bien hubiese obligado a intervenir al presidente. Pero, ¿hubiera modificado en algo esa intervención la sospecha de que el narcotráfico prosperó en la última década a la sombra del poder político? No, porque en el mismo programa de TV en que el jefe de Gabinete fue acusado de homicida y narcotraficante, un informe de la Policía Metropolitana reveló una maniobra puesta en marcha ante un allanamiento judicial para retirar documentación de la inmobiliaria que la familia de la Presidenta tiene en Río Gallegos. De la misma Presidenta que está sospechada de utilizar un hotel de su propiedad para lavar dinero y a la expectativa de una causa judicial de la que tratan de apoderarse sus aliados y sus enemigos en Tribunales.

Nada de esto ya asombra a nadie, porque se ha convertido en pan de todos los días: el juez que había ordenado el allanamiento de la inmobiliaria fue sacado de la causa sin la menor consecuencia política ni electoral para el oficialismo.

En una reciente colaboración periodística, el ex ministro Juan Llach señaló que el retraso económico de la Argentina comenzó poco antes de la Segunda Guerra Mundial y se agravó en 1975 (gobierno de "Isabel" Perón y López Rega). Hubo un freno a esa caída en los "90 y el 2000, pero desde 2011 el país volvió a retroceder. En los últimos cinco años el nivel de vida cayó entre el 20 y el 30% respecto de los países emergentes, la inflación rondó el 29% anual, el gasto público subió más de 2 puntos del PBI, la inversión y la participación en el comercio mundial se hundieron y la pobreza se disparó al 30%.

Esto último no ha cambiado la conducta de los votantes que apoyan mayoritariamente la continuidad del peronismo en el poder. Hay dos países: uno al que la violencia, el narco, la corrupción y la pobreza no le hacen cambiar el voto. Y otro minoritario que quiere cambiar, pero al que, impotente, sólo le queda el recurso de indignarse. Esa es la grieta que tiene paralizado el país desde hace 70 años y que muchos políticos en lugar de cerrar, ensanchan en beneficio propio.