El juez aceptó la apelación por la denuncia contra la Presidenta por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA

El fiscal Pollicita apeló por "prematuro y precipitado" el fallo de Rafecas

"La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial", escribió el funcionario del Ministerio Público en su recurso, de 35 páginas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita apeló hoy por "prematuro" y "precipitado" el rechazo del juez Daniel Rafecas al requerimiento fiscal en la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Y advirtió que "en beneficio" de los denunciados, entre ellos la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, "corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes", e incluso llamar a declarar como testigo al ex secretario general de Interpol Ronald Noble y "al consejero jurídico de Interpol".

"Es obligatorio tramitar esta instrucción. Frente a un acontecimiento como el que aquí se debe investigar, la ley manda que, para tranquilidad y seguridad de todos (denunciantes, magistrados, imputados, interesados), se rija aquel conocimiento por sus propias normas, no por otras. El cumplimiento de esas normas, las que estructuran cómo acreditar los hechos mencionados en una denuncia o cómo acreditar su posible caracterización criminal, es lo que no ha permitido el juez con su resolución", sostuvo el fiscal. 

Con estas palabras, Pollicita reclamó que la Cámara Federal revise la decisión tomada el jueves pasado por el juez Rafecas para rechazar, de plano, la posibilidad de abrir una investigación que permitiera esclarecer la acusación que hizo el fiscal de la causa AMIA cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su casa, con un tiro en la cabeza.

Fuentes judiciales indicaron que Rafecas decidió aceptar la apelación, sin fundamentar su resolución, aunque la notificación formal al fiscal le llegará mañana.

A primera hora, en tanto, la Cámara Federal hará el sorteo de rigor para definir qué sala dirimirá la cuestión.

El 14 de enero pasado Nisman denunció que el encubrimiento se habría llevado adelante para "fabricar la inocencia" de Irán en el atentado contra la AMIA. Y señaló como sospechosos de ese delito a la Presidenta, al canciller, al diputado camporista Andrés "El Cuervo" Larroque, al piquetero Luis D'Elía, al lobbista proiraní Jorge "Yussef" Khalil, al supuesto espía Allan Bogado, al ex juez Héctor Yrimia y al líder de Quebracho, Fernando Esteche.

Luego de que la Cámara Federal resolviera que el juez que debía intervenir en el caso era Daniel Rafecas, el fiscal Pollicita resolvió imputar a los denunciados y solicitar unas 50 medidas de prueba para avanzar en la investigación.

Pero el jueves 26 de febrero Rafecas firmó una extensa resolución donde rechazó abrir el caso y aseguró que no hubo ningún delito y que, de investigar a alguien, solo cabría hacerlo con Bogado.

En un escrito de 35 páginas, Pollicita sostuvo que "la decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial".

Para Pollicita "resulta prudente y razonable abrir la investigación propuesta por esta Fiscalía para luego poder tomar una decisión sobre el fondo del asunto con la información necesaria a tales fines".

"Una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido", advirtió.

Recién cuando ello ocurra, prosiguió, "se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad posibles".

Sobre la polémica en torno a la caída o no de las alertas rojas contra iraníes acusados del atentado terrorista a la AMIA, Pollicita propuso que "la investigación deberá centrarse en determinar si efectivamente la Secretaría General de Interpol se encontraba facultada -sin conformidad externa- para anular las notificaciones en cuestión".

"Y por consiguiente -añadió-, si las autoridades persas hicieron gestiones en ese sentido a partir de la 'ayuda' que habría significado el instrumento rubricado con el gobierno argentino (memorándum)". Pollicita confió que está "convencido de que en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia", es decir la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros "corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes".

"Sólo contando con los antecedentes que proporcionará una correcta investigación -llevada a cabo dentro de un proceso criminal legalmente tramitado con intervención de las partes- corresponderá decidir si es viable una imputación o si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva", concluyó.