Prescribió la causa por irregularidades en la concesión del Belgrano Cargas al gremio de Pedraza
Estaban imputados el ex secretario de Transporte Gustavo Alberto Alvarez y su segundo, Armando Norberto Canosa, quienes habían sido procesados por el delito de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
La Cámara Federal porteña confirmó la prescripción de una causa en la que dos funcionarios menemistas estaban acusados de favorecer al gremio del hoy detenido sindicalista José Pedraza en la adjudicación del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Se trata del ex secretario de Transporte Gustavo Alberto Alvarez y de su segundo, Armando Norberto Canosa, quienes habían sido procesados por el delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” por su intervención en la concesión del servicio ferroviario a finales de los '90.
Ambos estaban acusados por las “presuntas irregularidades en la contratación directa que se llevó a cabo a fin de proceder a la concesión del Ferrocarril General Belgrano (cargas)” mediante “el quebrantamiento de las reglas de publicidad y máxima concurrencia” en esa tramitación.
El proceso de concesión “se inició ante una propuesta de la Unión Ferroviaria, quien terminó siendo la beneficiada mediante contratación directa, en desmedro de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (en adelante APDFA)”, explica la documentación.
La concesión del Belgrano Cargas al gremio de Pedraza –preso y condenado a 15 años de cárcel por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra- “transcurrió desde abril de 1997 hasta septiembre de 1999, cuando se perfeccionó”, sostienen los sucesivos fallos en el marco de la causa.
Los ex funcionarios menemistas “no respetaron los principios de transparencia y publicidad” que exigía el proceso, que entre otros requisitos obligaba a la publicación del llamado a concurso “en tres diarios de amplia circulación del país como así también invitaciones a otros interesados”.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral había procesado a ambos ex funcionarios, pero por el paso del tiempo terminó decretando la prescripción del expediente, lo que fue apelado por la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.
Sin embargo, la prescripción fue confirmada ahora por la Sala Primera de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, con lo que el expediente quedó virtualmente cerrado.