Dura réplica de magistrados a la embestida del Gobierno

Representantes del Poder Judicial replicaron hoy la acusación de "golpismo activo" que el Gobierno lanzó contra jueces por investigar a una empresa de la presidenta Cristina Fernández y consideraron esa embestida como una "injerencia" del Ejecutivo prohibida por la Constitución que implica una "seria afectación institucional".

"¿Pone tan nervioso que los jueces actúen como deben actuar?", se preguntó el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, y defendió el accionar del juez federal Claudio Bonadio, quien investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, que maneja el hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner.

Cabral, también integrante del Consejo de la Magistratura, repudió lo que estimó una "presión" del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien encabezó la renovada oficial arremetida contra la Justicia, y disparó: "Parece ser que hay que preguntarle primero al Gobierno qué le gusta que hagan los jueces y esto es inaceptable". 

"Les molesta que los jueces cumplan con su tarea; en este caso existen denuncian y promociones de acciones penales por parte de fiscales y por eso el juez (Bonadio) hace lo que hace, porque es su obligación; si no lo hiciera, sí le tendrían que pedir el juicio político", alertó.

Otra voz crítica fue la de la flamante presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, que llegó a ese cargo con el apoyo del kirchnerismo y evaluó que fue "una barbaridad" lo que dijo Capitanich. Esas afirmaciones, insistió Vázquez, son "una presión muy fuerte a la independencia" de la Justicia.

Desde la política, la diputada del Frente Amplio UNEN Margarita Stolbizer pidió que se investigue "qué hay atrás del ocultamiento" de datos sobre balances de Hotesur, al sugerir un posible uso de la firma "para encubrir el dinero que proviene de otros delitos y eso es lavado de dinero".

"Puede ser plata de la corrupción", advirtió la legisladora al cuestionar la "cantidad de negocios comunes" con la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez y subrayó que desde el poder político "están saqueando la Argentina".

Stolbizer presentó el 10 de noviembre una denuncia al juez Bonadio sobre presuntas irregularidades en la presentación de balances y otra documentación de la firma Hotesur.

"La corrupción no es neutra ni inocua para un país y esta gente que demuestra una voracidad, una avaricia casi a niveles de enfermedad, yo creo que ni ellos, sus hijos, sus nietos y varias generaciones van a poder disfrutar ni gastar la plata que han acumulado", sentenció.

Sobre las expresiones de Capitanich, remarcó que desde la Casa Rosada "ya no saben qué decir".
"Esta es una causa especialmente sensible para el Gobierno porque ya no es (el vicepresidente Amado) Boudou a quien en algún momento pensaban soltarle la mano, sino que hoy es la propia Presidenta la que estaría siendo investigada", reflexionó.

El consejero Cabral, juez de Casación Penal, advirtió que la embestida gubernamental implica una "decidida injerencia en la actividad de los jueces que está expresamente prohibida por la Constitución".
Para el magistrado, el Gobierno "lo que tendría que hacer es preocuparse porque efectivamente los jueces puedan tener a su disposición todos los elementos propios de la fuerza pública para cumplir su cometido".

Consultado sobre los dichos del ex funcionario kirchnerista Luis D'Elía, que acusó a los jueces de "mafia" y de buscar un "golpe destituyente", Cabral resaltó: "La verdad, no merece ni ser contestado, pero pone en evidencia la falta de argumentos, de criterio, de reflexión sobre estas cuestiones".

A su turno, la senadora macrista Gabriela Michetti también cuestionó la arremetida oficialista: "todo lo que pueda poner en jaque a un funcionario con sospechas de corrupción que se empiezan a probar, está visto desde el Gobierno como una acción a la que hay que frenar", indicó.