Griesa dice que el canje de Argentina es ilegal, pero no declaró el desacato

El juez señaló que estaba "consternado" de que la Argentina no haya hecho consultas legales antes de avanzar en la propuesta para cambiar la sede de pago, pero no declaró el desacato.

El juez Thomas Griesa dijo hoy que el proyecto de Ley que mandó el gobierno argentino al Congreso para cambiar la sede de pago de los bonistas y el banco fiduciario es "ilegal" porque "viola órdenes judiciales" y además señaló que "no se puede llevar adelante".

En una audiencia que se celebró en Nueva York a solicitud de los holdouts, quienes buscaban que el magistrado penalice a la Argentina, Griesa hizo saber que por ahora "no se pronunciará" acerca del pedido sobre una eventual condición de "desacato" en la que pudiese haber incurrido el país.

"Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, es prematuro", sostuvo Griesa acerca de una penalidad hacia la Argentina, señalaron reportes de agencias internacionales. 

Tras una hora y cuarto de deliberaciones, tiempo en el que los holdouts le pidieron también al magistrado "sanciones económicas" hacia la Argentina por intentar incumplir su orden judicial, los observadores señalaron que "una vez más" el juez no se pronunció.

Si bien eludió hacerlo acerca del pedido de los holdouts que dio origen a la audiencia, el juez dejó en claro que la intención de cambiar el domicilio de pago que planteó la Argentina es "ilegal" porque "viola órdenes judiciales" y "no se puede llevar adelante".

Griesa ya había advertido que el cambio de lugar de pago iba a ser considerado como un incumplimiento de su fallo judicial, cuando hace dos meses la presidenta Cristina Fernández había adelantado esta posibilidad durante un discurso en cadena nacional.

En el comienzo a la audiencia, los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan al país, le aseguraron al juez que "no conocían" los planes del Gobierno de avanzar con esa posibilidad.

Al respecto, Griesa señaló que estaba "consternado" porque la Argentina no había efectuado consultas legales antes de avanzar en el camino que eligió.

El fondo NML Capital fue el que ayer le solicitó al magistrado la audiencia "de emergencia" para evaluar "sanciones" contra la Argentina, mientras que el fondo Aurelius había tratado al gobierno argentino de "bandidos".

En otro orden, trascendió que un grupo de bonistas estaría avanzando en una negociación con el Deutsche Bank, con el fin de lograr la adhesión necesaria para invalidar la claúsula RUFO y allanar el camino de la negociación .