Otra vuelta de tuerca

Ayer el juez Thomas Griesa desoyó el pedido del gobierno de Cristina Fernández de reponer una medida cautelar que le habría permitido seguir pagando la deuda reestructurada al mismo tiempo que continuaba "puenteando" a los "holdouts".

Como consecuencia de esa negativa la Argentina quedó a pocos días de la cesación de pagos. Dicho en forma coloquial, el magistrado puso en la morsa a la presidenta, que habrá que ver cómo reacciona ante esta nueva presión.

Hasta ahora ella y su ministro de Economía, Axel Kicillof, no han hecho otra cosa que despotricar contra el sistema financiero internacional, los "buitres" y la justicia norteamericana con los resultados a la vista: un completo y peligroso fracaso.

La retórica falsamente nacionalista nunca resuelve los problema, más bien los exacerba. Lo dijo Griesa con sus propias palabras. Calificó de "incendiaria" y de "desafortunada" la retórica de las autoridades nacionales.

Acto seguido las arrinconó. Les dejó a la presidenta y a Kicillof tres opciones: pagan, negocian o van al "default". Más exactamente les dejó dos opciones, porque opinó que un nuevo default constituiría "lo peor" para los ciudadanos de a pie en la Argentina.

Según trascendió, comentó a las partes que en caso de una cesación de pagos "la gente sufrirá las consecuencias, no los buitres, gente de verdad sufrirá las consecuencias".

Esa declaración no debería, sin embargo, ser atribuida a un arranque filantrópico del magistrado, sino a que está viendo venir la decisión del gobierno argentino de desoir su sentencia e ir al "default". Hasta ahora demostró una visión del problema mucho más aguda que la de la Casa Rosada, los analistas, los mercados y hasta de los propios "buitres".

Pero, si se hila un poco más fino, la respuesta de Griesa deja a la presidenta con una sola opción real, pagar, porque negociar involucra riesgos no sólo para el país, sino también para ella y sus ministros.

Como admitió el jefe de Gabinete Jorge Capitanich una negociación con los buitres podría disparar la cláusula RUFO, lo que tendría como consecuencia eventuales demandas por cientos de miles de millones de dólares por parte de los bonistas que aceptaron el canje y juicios contra miembros del gobierno.

La nueva vuelta de tuerca que le aplicó la justicia norteamericana al kirchnerismo se produce, además, en un contexto difícil. Las variables macroeconómicas de la Argentina se acercan peligrosamente otra vez a un estallido. El déficit fiscal a mayo de este año es dos veces y media más alto que el de 2013 y, si se lo continúa financiando con emisión monetaria, los especialistas estiman que la inflación podría llegar al 5%.

A esto hay que añadir que el sector externo también se torna adverso por el retroceso del precio de la soja, el avance del precio del petróleo y el estancamiento económico del principal socio comercial: Brasil.

En este marco no parecen descabellados los pronósticos de mayor recesión e inflación en caso de un nuevo default, así como de una fuerte presión sobre el tipo de cambio. La escasez de dólares se acentuará y habrá que olvidarse de inversiones como las que se esperan para YPF. Una situación económica que complicaría seguramente la transición política.