El Gobierno aseguró que si se gatilla la cláusula Rufo, la Presidenta sería responsable

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró que, si se gatillara la cláusula, la Argentina tendría que pagar "entre 120 mil y 500 mil millones de dólares" para mejorar lo que se le paga a los bonistas que entraron en el canje, si hubiere una oferta mejor a otros tenedores.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich justificó hoy el pedido de una cautelar (stay) al juez estadounidense Thomas Griesa, para que no se aplique la cláusula RUFO "en términos del acreedor más favorecido" ya que, si ocurriere, la responsabilidad podría alcanzar "desde la Presidenta de la Nación hasta cada uno de sus ministros".

Antes de conocerse los resultados de la audiencia con el juez Thomas Griesa, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Jefe de Gabinete le propuso a los holdouts y al magistrado que "si creen que la claúsula RUFO no aplica, por qué no pagan un seguro", para darle cobertura a la Argentina.

También reiteró que, si se gatillara la cláusula, la Argentina tendría que pagar "entre 120 mil y 500 mil millones de dólares" para mejorar lo que se le paga a los bonistas que entraron en el canje, si hubiere una oferta mejor a otros tenedores. 

Según Capitanich, lo que los abogados de la Argentina le dijeron ayer a Griesa "es lo siguiente: necesitamos un stay. ¿Qué significa eso? La suspensión de la orden de ejecución de la sentencia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de la no aplicación de la cláusula RUFO, en términos de acreedor más favorecido".

El jefe de los ministros se preguntó luego "¿Por qué razón?" y él mismo le aclaró a los periodistas: "por las implicancias sistémicas que generarían entre 120 a 500.000 millones de dólares, según el efecto de la aplicación por eventuales juicios que se propugnen contra la República Argentina".

Y añadió que "a su vez, implicaría perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la presidenta de la Nación a cada uno de sus ministros".

"Por lo tanto, la aplicación de un stay es lo que permite cumplir con las disposiciones legales de Argentina", justificó.

Por otra parte, Capitanich reiteró que "no hay ninguna posibilidad de declarar un default técnico" contra la Argentina.

En cuanto a la instalación de un seguro, el funcionario explicó que "hemos planteado claramente en el escrito que si el juez o si también los buitres dicen que efectivamente la cláusula RUFO no aplica, por qué no pagan un seguro, porque si no aplica obviamente el seguro sería irrisorio y, en consecuencia, tendríamos la cobertura legal frente a implicancias sistémicas".

En este punto, Capitanich recordó que se trata de la cláusula "del acreedor más favorecido, como un incentivo al tratamiento igualitario de los acreedores en el sentido de garantizar claramente las condiciones de cumplimiento por parte del país. Y lo que se hizo es cumplir a rajatabla con esto", aseguró.

Al ser consultado sobre las expectativas que tenía el Gobierno sobre la audiencia que se hizo luego en el despacho del juez neoyorquino, el funcionario no arriesgó y sostuvo que "mañana tendremos la oportunidad de explicar las opciones derivadas de la decisión".