Mirador político

Piquetes y legitimidad

Un grupo de diputados "K" presentó un proyecto para reprimir los piquetes que el Gobierno considere "ilegítimos". Intenta terminar con un problema que agobia a la sociedad, pero equivoca el remedio, porque la solución no reside en la represión, sino en la legitimidad de quien la aplica.

Para que quede claro: lo que está bajo cuestionamiento es la legitimidad de los políticos para ejercer la coacción en nombre del Estado. La sociedad desconfía de la policía y de sus mandantes, por lo que admite sólo excepcionalmente el uso de la fuerza para reducir al que protesta, aunque abuse visiblemente de ese derecho. Los gobernantes no están autorizados a aplicar el Código Penal, por eso la solución no es modificarlo.

Esto es así porque si bien los gobiernos democráticos representan en teoría la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, en la Argentina poscrisis 2001 esa representación es al menos parcial. Se respeta la legitimidad de origen del poder político, pero se limita "de facto" su ejercicio.

El asesinato de los piqueteros Kosteki y Santillán que le costó la Presidencia de la Nación a Eduardo Duhalde es prueba de que la sociedad no tolera el uso de la fuerza aún en circunstancias en las que en cualquier otro país se la toleraría. Todos los políticos son conscientes desde aquel incidente en el puente Avellaneda de lo precaria que puede volverse su situación si se producen "muertes en la calle".

Esa es, de todas maneras, una regla general que tiene sus excepciones, llámese Parque Indoamericano o cualquier otro caso de represión violenta con muertos y heridos que no derivó en una crisis política. ¿Cuál es al razón de las excepciones? La tolerancia social hacia el Gobierno que mandó reprimir. Si la situación económica es estable y con buenos índices de consumo y empleo, la represión es aceptada.
La legitimidad está por lo tanto ligada al desempeño económico del Gobierno más que a su origen.

Cuando Fernando de la Rúa en medio de los desmanes y saqueos dispuso el Estado de Sitio en diciembre de 2001 la gente sencillamente lo ignoró, aunque era un presidente legítimo con apenas dos años de ejercicio del cargo. Claramente la situación actual no es asimilable a la de aquella crisis, pero el deterioro de los salarios, la alta inflación y la caída de la actividad deben ser datos clave a la hora de evaluar cualquier posible reforma penal.

En lo que respecta al controvertido proyecto presentado del diputado Carlos Kunkel, el Gobierno parece haber pisado el freno. Sus voceros avisaron que no es una iniciativa de la Casa Rosada y el secretario general Oscar Parrilli recomendó el diálogo en lugar de la represión. Parece lógico en quien maneja las relaciones del Gobierno con las organizaciones piqueteras.

Poco antes de que el Poder Ejecutivo rompiera el silencio hubo también rechazos del CELS y Carta Abierta. Esas posturas son ideológicas, por lo que agregan poco al análisis de la situación política. Sirven como mucho para recordar qué alejada están por estas latitudes la teoría y la práctica. También para comprobar que la cultura política de izquierda es patrimonio de minorías; la cultura social es mayoritariamente conservadora. En síntesis, la corrección política es aceptada y hasta elogiada mientras no pase de las declaraciones.