Siete días de política
La contraofensiva del gobierno después del paro y los piquetes
Para competir con los sindicalistas propuso bajar el empleo en negro, ART para personal doméstico y posible baja en ganancias. Quiere, además, que sean ilegales piquetes y paros de transporte.
Sindicalistas y piqueteros desafiaron el jueves 10 a la presidenta Cristina Fernández paralizando el país. La presidenta les contestó la semana que acaba de terminar con proyectos para mejorar la situación de los trabajadores y para prohibir los piquetes y las huelgas salvajes en el transporte público. Parece vivir en un mundo propio cuando usa la cadena nacional para el “rap” o las necrológicas, pero conserva los reflejos políticos y la decisión de disputar el poder, aunque su gobierno esté en retirada. En otros tiempos hubiera respondido con decretos y filípicas por TV. Hoy traslada la discusión al Congreso, señal de que quiere que la confrontación y el desgaste los soporten otros.
Resulta llamativo que ni los políticos, ni los comentaristas hayan vinculado las últimas iniciativas oficiales con el contundente paro del sindicalismo opositor. Se entretuvieron, en cambio, en dilucidar si eran conservadoras o progresistas, si habían tardado más de una década o si los piqueteros oficialistas, la izquierda ultra y el CELS se quejarán.
Llamativo también es que no hayan sido vinculadas con el ajuste, la principal novedad en el escenario político y económico desde la devaluación del verano. La rebaja de aportes patronales -que recuerda a Cavallo- quiere ocultar la cara más desagradable del ajuste: la pérdida de puestos de trabajo. El brutal realismo monetario aplicado por el tándem Kicillof-Fabrega consiguió frenar la corrida contra el peso y proteger las reservas, pero a costa de un cada vez más palpable enfriamiento de la economía.
El miércoles Smata y Volkswagen comenzaron a negociar un acuerdo para evitar 700 despidos por la caída de ventas a Brasil y locales. El proyecto de rebaja de aportes no tiene ninguna incidencia en este caso porque beneficiará a microempresas de cinco o seis empleados, pero el gobierno no quiere aparecer cruzado de brazos. Si para Volkswagen, paran los autopartistas y ahí el panorama se complica. Para la fábrica el costo laboral representa el 5% del precio de un auto. Para los autopartistas, el 40% de su producto.
En su lento “striptease” ideológico el kirchnerismo ha ido despojándose del populismo económico: coquetea con el FMI y el Club de París, quiere endeudarse, frena el consumo, devalúa y hasta sube las tasas de interés. La semana pasada completó ese inesperado espectáculo proponiendo una ley antipiquetes con la que abjuró de antecedentes como el financiamiento de los Pérsicos y D'Elías, el aliento a cortes de rutas (Gualeguaychú) y la descalificación de quienes reclamaban que se aplicase la coacción legítima del Estado, acusándolos de criminalizar la protesta social. Durante 10 años controló la calle, ahora la controlan otros; no tiene sentido seguir financiando una política ineficaz, parece ser el sentido de su decisión.
Esta es la otra cara desagradable del ajuste, pero que no se puede disimular con las vacaciones, la ART y las cuentas sueldos para el personal doméstico. Aquí el debate es puramente ideológico, porque coarta libertades individuales y derechos constitucionales. Y esto ocurrió porque el jueves 10 se encendió una luz roja en el tablero del gobierno. Si el ajuste se agrava, se multiplicarán las protestas y el caos. Ya disponía de una herramienta para enfrentar el problema, aplicar el Código Penal, pero quiso trasladar parte del costo a la oposición. Por eso el debate fue al Congreso.
La propuesta kirchnerista para terminar con piquetes y paros salvajes de servicios públicos tiene dos características: una, no es demasiado novedosa, porque ya se intentó lo mismo con la denominada “ley antiterrorista”; dos, se parece demasiado a los mecanismos aplicados generalmente por regímenes autoritarios bajo el estado de sitio. Facultar al gobierno de turno para que autorice la protesta y darle la facultad de decir cuál es legítima y cuál no, exime de cualquier comentario. Es una caricatura de cualquier democracia que garantice la libertad de los ciudadanos.
La regulación del derecho a manifestarse y la de todos los ciudadanos a la libre circulación es otra cosa. Desde los asesinatos de Kosteki y Santillán sectores minoritarios han abusado del derecho a manifestarse ante la pasividad de los políticos que carecen de legitimidad para reprimirlos. Pero esa falta de legitimidad no se subsana que legislación represiva, sino con una conducta coherente y honesta, un instrumento que ningún Congreso puede facilitarle al gobierno.