El Cels rechazó un proyecto K que regula las protestas

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó hoy el proyecto que regula y restringe las protestas y advirtió que constituye un "retroceso", mientras el dirigente oficialista Luis D'Elía calificó la propuesta como "contradictoria" y reprochó que no se haya consultado a los "movimientos sociales del espacio".

La vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, "celebró" que se regulen las protestas, pero pidió que "no sea por simple oportunismo político" y que se realice con "penas claras", mientras el presidente del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, reclamó mejorar el texto y "definir qué es legítimo y qué es ilegítimo".

El CELS expresó que "preocupa el proyecto de ley Convivencia en manifestaciones públicas presentado por diputados del Frente Para la Victoria" y sostuvo que "es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años". 

En ese sentido, el organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky mencionó como ejemplo "clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la policía y establecer plazos exiguos para la mediación".

El CELS advirtió que el texto busca "ampliar" el control estatal sobre el "derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma".

D'Elía, en tanto, afirmó que "a (el diputado kirchnerista Juan Manuel) Pedrini, que es el autor de esto, le faltó convocarnos a todos los movimientos sociales que formamos el espacio kirchnerista y preguntarnos qué opinábamos sobre el tema, qué matices teníamos, en qué cosas acordábamos, en qué cosas no".

"Se cortó por la libre y nos genera públicamente un debate que tendríamos que haber tenido puertas adentro", advirtió el dirigente en declaraciones radiales, manifestó que el proyecto "suena feo, suena contradictorio" y dijo que Pedrini debería haber "convocado a todos los movimientos del espacio, al Evita, a nosotros, a la Tupac Amaru".

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, expresó en declaraciones a radio Mitre que "no hace falta" una ley que restrinja las protestas porque "se pueden controlar con las leyes vigentes", pero dijo que sí deben regularse "las huelgas salvajes de los servicios públicos".

El diputado Carlos Kunkel, uno de los autores del proyecto, defendió el texto y dijo no querer que "se siga tirando discapacitados desde un puente", en alusión al hecho ocurrido a principios de marzo en un piquete de portuarios, en el que manifestantes arrojaron a un joven con una pierna ortopédica desde el puente Avellaneda, cuando quiso cruzar en moto para llevar a su mujer embarazada a un control de urgencia.

El secretario general del Partido Obrero (PO), Jorge Altamira, rechazó en declaraciones radiales el proyecto y consideró que se trata de un "atropello" por parte del gobierno, que "aplica un ajuste y quiere prohibir la lucha contra el ajuste".

La diputada de Movimiento Libres del Sur en el FAP Victoria Donda expresó en un comunicado que con la iniciativa el "gobierno popular prepara el marco legal para reprimir en medio la crisis" y destacó el "carácter absolutamente autoritario" del proyecto.

El vicepresidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Miguel Bazze, dijo que "el gobierno en lugar de preocuparse tanto por prohibir las manifestaciones sociales debería abocarse a tratar de resolver los problemas que en muchos casos las generan".