Acusan a un intendente riojano de usar el fondo sojero para pagar becas y contratos
El intendente de Chamical, Daniel Elías, fue acusado por el Tribunal de Cuentas de La Rioja de irregularidades en el uso de los fondos públicos para el pago de becas, contratos y gastos corrientes.
La Rioja- El Tribunal de Cuentas de La Rioja acusó al intendente de la ciudad de Chamical, Daniel Elías, de irregularidades en el uso de los fondos públicos, como haber usado el llamado "fondo sojero" para el pago de becas, contratos y gastos corrientes.
Según una auditoría del Tribunal de Cuentas de la provincia, citado por el portal de noticias de Radio La Red de La Rioja, el Municipio de Chamical "se aparta de la legislación vigente, tanto en materia de contrataciones como en la utilización de fondos con destino específico", puntualizó.
El dictamen, que da cuenta de la actividad de esa comuna durante el tercer trimestre de 2013 y fue emitido el pasado 3 de abril, fue enviado al Concejo Deliberante de Chamical, uno de los principales departamentos de los Llanos riojanos y cuyo intendente, Daniel Elías, tiene desde el año pasado un discurso crítico de la administración del gobernador Luis Beder Herrera.
Además, Chamical fue uno de los distritos, junto a Capital, Chilecito y Famatina, donde los resultados electorales de 2013 fueron desfavorables para Herrera.
Entre las irregularidades detectadas "se observa como reiterativo el proceder de emitir cheques a nombre del intendente y/o funcionarios del municipio con cargo a rendir cuentas, posibilitando de esta manera que realicen erogaciones sin fondos sin que exista trámite de contratación, afectaciones presupuestarias y comprobantes de inversión que los justifiquen".
Respecto del Fondo Federal Solidario, conocido como fondo sojero, y destinado por el gobierno nacional a obras, el Tribunal constató que en Chamical se usa "para pagar becas, contratos y gastos de financiamiento".
Además, se han comprado camiones en operaciones poco transparentes con comprobantes que no pueden ser validados por la AFIP, entre otras irregularidades.
El Tribunal entendió que "además de constituir evidencias de falta de cumplimiento de la legislación vigente, generan un campo propicio para la comisión de hechos que pueden ser perjudiciales para el Estado".