Una Presidenta que justifica la violencia en el fútbol como una forma de manifestación pasional. Un jefe de guardiacárceles, Víctor Hortel, que confraterniza con presos de alta peligrosidad. Un recluso que sale a la calle apenas pocos días después de haber sido condenado por un homicidio tan cruel como aberrante. ¿Qué tienen estas cosas en común? Que son manifestaciones propias de la política ‘K’.
¿Por qué? Porque se presentan como una reivindicación de la autenticidad, algo de lo que el oficialismo reclama el monopolio. Cuando la Presidenta expresa admiración por los que se suben al paravalanchas -que son para
el resto del mundo delincuentes comunes- usa la retórica de la autenticidad. La de una forma de corrección política que cree que las conductas antisociales deben ser asumidas con orgullo y no ocultadas. La que cree que la política está por encima de todo -incluso de la vigencia de la ley- y que no puede ser condicionada por el orden
jurídico. La que sostiene que es la política la que debe decidir qué es el bien y qué es el mal con fallos inapelables.
Lo que causa extrañeza por intempestivo (habría que remontarse a los años 70 para encontrar fenómenos similares) es el rechazo ‘militante’ por parte de las actuales autoridades del orden jurídico liberal, el de la
Constitución, como si fuera el de una legalidad exclusivamente ‘formal’. Los sectores que hoy se encuentran en lo más alto del poder opinan que el orden legal es ‘formal’ porque tolera la injusticia. Les resulta por lo tanto natural reivindicar la legitimidad por encima de la legalidad; una legitimidad que consiste en garantizar el cumplimiento de la voluntad propia, una vez conseguidos el 54% de los votos.
Esa retórica de la autenticidad que se oye por cadena nacional contrapone aspiraciones e ideales más o menos compartidos por el grueso de la sociedad -como la resocialización de los delincuentes al cumplimiento estricto de la ley. Esa retórica habilita a los funcionarios a enfrentarse con las instituciones y desestimarlas por anacrónicas y parciales. Valiéndose de la excusa de la justicia social o de algún otro valor que creen superior al
de la norma, la reemplazan por la arbitrariedad para disponer de los bienes y la libertad de los ciudadanos; para
ignorar el bien común.
Pero usar la Justicia para aniquilar el Derecho no sólo constituye una arbitrariedad, sino también un peligro. En principio porque viola a la misma Justicia, que es impracticable enajenada del Derecho y, en particular, porque a la larga se vuelve contra la libertad de las personas, sometiéndolas a la merced del príncipe de turno.
Mario Vargas Llosa inició una de sus novelas más famosas con una pregunta -¿cuándo se jodió el Perú?- que hoy podría aplicarse a la Argentina. Y una de las respuestas posibles es no cuando se apartó de la ley o la
violó, sino cuándo consagró a quienes se apartaban de ella o la violaban con la aprobación de una mayoría abrumadora de sus conciudadanos.