El juez federal Norberto Oyarbide dio por cerrada la investigación en la causa por las escuchas ilegales donde está procesado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y dio vista a las partes para que opinen si está en condiciones de ser enviada a juicio oral.
La decisión se tomó sin esperar que la Cámara Nacional de Casación, máximo tribunal penal del país, confirme o no el procesamiento de Macri por "asociación ilícita e interceptación de comunicaciones", debido a que ya pasaron más de dos años sin ninguna decisión al respecto, informaron fuentes judiciales.
Al dar por cerrado el caso, Oyarbide dejó abierto el camino al juicio si hay acuerdo de la fiscalía y se elabora una acusación contra Macri, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, al sindicado espía y ex efectivo de la Policía Federal Ciro James y al ex ministro de Educación de la ciudad Mariano Narodowski.
"No es ninguna noticia dentro del esquema de trabar, obstruir y fundir a la Ciudad", respondió el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri en una conferencia de prensa ofrecida al término de la reunión de gabinete.
Para Macri, si alguien le hubiera creído a Oyarbide "no me hubiesen votado" y agregó: "Nada cambió para nosotros, venimos hoy a trabajar y seguimos en el camino, porque para eso nos votaron", desestimando la posibilidad de pedir licencia cuando se desarrolle el juicio oral.
En el mismo sentido, se expresaron el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad y ex juez, Guillermo Montenegro, quien afirmó que "es técnicamente imposible elevar una causa a juicio sin que haya un requerimiento del fiscal".
En la causa, también están procesados y serían juzgados funcionarios de la Justicia de Misiones, desde donde se firmaron las órdenes de escuchas a distintos damnificados en el marco de la investigación de un asesinato.
Uno de los jueces de esa provincia procesados, Horacio Gallardo, falleció en setiembre pasado. Entre los afectados estuvieron el familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, el cuñado de Macri, Néstor Leonardo; y empresarios, entre otros.
Macri tiene procesamiento confirmado por la Cámara Federal desde junio de 2010 y fue en apelación a Casación, que aún no emitió ninguna decisión y recién ahora quedaron designados los camaristas de la sala III que se ocuparán del tema.
Oyarbide cerró la instrucción y dio vista a la fiscalía para que opine si corresponde o no la elevación a juicio, algo que también hizo con las querellas del caso y luego hará con las defensas de los procesados.
Todos podrían aceptar la decisión o sugerir más medidas de prueba que consideren pendientes, explicaron fuentes del caso, por lo cual el envío de la causa a un tribunal oral no es inminente.
El juez tomó la decisión de comenzar la ronda de consultas para mandar la causa a juicio sin esperar el fallo de Casación por entender que "pasó el plazo razonable", precisaron las fuentes.
"La decisión de Casación no tiene efecto suspensivo, por lo cual el juez podía en cualquier momento enviar el caso a juicio y después se definirá la situación de Macri", detallaron en Tribunales, aunque la situación del jefe de Gobierno deberá estar resuelta antes del inicio del juicio.
La primera repercusión desde el kirchnerismo llegó del senador nacional Daniel Filmus -ex contrincante de Macri en las últimas elecciones porteñas-, quien señaló que las pruebas en contra del jefe de Gobierno "eran contundentes" y que las escuchas ilegales "estaban demostradas".
En tanto, legisladores como Juan Cabandié, Gabriela Cerruti, María José Lubertino y Francisco Nenna sostuvieron que Macri debería pedir licencia para enfrentar el proceso.
Por su parte, Burstein -quien inició la denuncia cuando un llamado anónimo lo alertó que sus teléfonos estaban interceptados por orden de Palacios- dijo hoy que las partes que intervienen en la causa deberán evaluar si consideran "conveniente alguna otra medida de prueba".
"Está dentro de lo que corresponde y analizaremos con mucho cuidado si hay alguna otra medida de prueba que creamos conveniente", aseveró Burstein.
En la causa se dio por probado al dictar los procesamientos el montaje de una estructura ilegal para cometer espionaje amparándose en la cobertura del gobierno de la Ciudad y que el ejecutor de las mismas, Ciro James, figuraba como asesor en el Ministerio de Educación encabezado por entonces por Narodowski.
James obtenía las pinchaduras telefónicas de la SIDE en base a órdenes emanadas de un juzgado federal de Misiones, en el marco de una causa donde se investigaba un crimen y se mencionaba a los "escuchados" como posibles sospechosos.
El "espía" retiraba en persona los resultados de esas escuchas y según la causa, los entregaba a Palacios, quien por esa época reportaba directamente a Macri.
Tanto Palacios como James estuvieron detenidos con prisión preventiva casi dos años y fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña.
