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Política
La comunidad Qom de Formosa reclamó por sus tierras ante la Corte Suprema
07.03.2012 | El defensor oficial Julián Langevín advirtió que "si no se les garantiza el acceso a la tierra se produciría la extinción" de la comunidad aborigen, y abogó por el diálogo. En tanto, el gobierno defendió su derecho sobre el territorio.

Un grupo de representantes de la comunidad originaria Qom Navogoh "La Primavera" de Formosa expresó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación su reclamo para establecerse en tierras ancestrales donde el gobierno provincial planea construir un centro universitario.

Los pobladores indígenas participaron de una audiencia pública convocada por el máximo tribunal a la que no concurrió el gobernador justicialista Gildo Insfrán aunque estuvo representado por varios funcionarios.

El dirigente qom Félix Díaz planteó allí la necesidad de resolver el conflicto en el que los qom son "las víctimas", dijo.

Al respecto, el Defensor Oficial Julián Langevín solicitó que se "reconozcan los derechos" de La Primavera en las tierras.

"La posibilidad que la comunidad tiene de desarrollar su propia cultura está íntimamente ligada con el territorio que habitan hace miles de años. Si no se les garantiza el acceso a la tierra se produciría la extinción", dijo Langevín.

En tal sentido, funcionarios del gobierno de Formosa defendieron el derecho sobre el territorio al señalar que el Estado posee "todos los argumentos jurídicos y títulos".

El 23 de noviembre de 2010 los pobladores originarios de Formosa que realizaban un corte de tránsito en la ruta 86 para reclamar la restitución de las tierras fueron reprimidos a balazos por la policía en una acción en la que fueron asesinados los habitantes indígenas Roberto López y Sixto Gómez, en tanto que un agente de la fuerza de seguridad también murió de un disparo.

Para repudiar la represión y pedir una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, Díaz encabezó un campamento en el centro porteño que se extendió durante seis meses hasta que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, prometió soluciones.

La Corte Suprema aceptó en su momento una acción de amparo presentada por los representantes legales de La Primavera y organizó hoy una audiencia ante "la gravedad de los hechos".

El encuentro fue encabezado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

"La provincia tiene vocación de diálogo para resolver todos los conflictos, por eso queremos que todas las partes interesadas se sienten a la mesa", expresó al término del encuentro el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González.

El funcionario dijo intentó "exponer" en la Corte las "distintas e importantes políticas" llevadas adelante "en la construcción de una provincia multiétnica y pluricultural".

González aseguró que el gobernador Insfrán, que desde 1995 está al frente de la provincia, realizó "innumerables inversiones" en materia de infraestructura "para mejorar la calidad de vida" de las más de 90 comunidades originarias que habitan en la provincia, entre ellas La Primavera.

En tanto, fuentes del gobierno formoseño consideraron que es "importante tener claro que el conflicto aborigen es un problema a nivel mundial", y que en la Argentina ocurren disputas también "en zonas de Jujuy, Neuquén y Río Negro".

Las mismas fuentes identificaron a Díaz como un "opositor a Insfrán" que reclama el territorio en conflicto "por razones históricas".

Además, afirmaron que el dirigente "ha recibido apoyo directo del cura Francisco Nazar", que fue candidato a gobernador opositor a Insfrán en las últimas elecciones provinciales.

Según las fuentes, la comunidad La Primavera tiene 2.500 habitantes, posee desde 1985 una personería jurídica otorgada por la provincia y un predio de 5.187 hectáreas lideras a las 300 en conflicto.

"La tierra no es para negociar ni comerciar, es parte de nuestra existencia", subrayó Díaz a la prensa.

En la audiencia pública también estuvieron el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández; el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Martín Romano; e integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se presentó como "amicus curiae" en la causa.

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