La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró hoy que el banco de datos denominado Proyecto X "no es un plan secreto de espionaje" ni "se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales", y afirmó que el control de que no se infrinja la Ley de Inteligencia lo realiza la Justicia.
En una exposición realizada en la sede de su cartera, Garré afirmó que el cuestionado sistema contiene "información de causas judiciales de delitos complejos" y que en él "no figuran datos de dirigentes políticos, sindicales, sociales, religiosos ni periodistas", y que incluso se lo dejó de emplear "por obsoleto".
Además, la ministra remarcó que la información recolectada en el denominado Proyecto X es "requerida por jueces de todo el país", aunque advirtió que desde 2009 no se le cargan más datos a dicho sistema, que fue reemplazado "por uno del siglo XXI".
En ese sentido, la ministra, al responder una de las tres preguntas de la breve conferencia de prensa, señaló que "el control de que no se esté infringiendo la Ley de Inteligencia lo está haciendo el Poder Judicial de la Nación".
Garré explicó que "el juez, cuando ordena identificar, está ordenando una actividad de inteligencia, y no siempre se va a identificar con el consentimiento de la persona", pero reiteró que "el contralor lo ejerce el Poder Judicial".
La funcionaria recordó que "la Ley de Inteligencia dice que no se pueden hacer bases de datos de personas, organizaciones, entidades, sobre la base de sus ideas políticas" y que "acá se están analizando delitos; es cuando el juez dice 'identifíqueme a los autores de este delito'".
Garré definió al Proyecto X como "un software que permite entrecruzar información y acelerar análisis en situaciones de investigación", que "fue instalado en 2002, por el gobierno de (Eduardo) Duhalde, siendo secretario de Seguridad (Miguel Ángel) Toma", y que "en 2006 este software fue actualizado, a requerimiento de diversas personas".
El sistema, según señaló, "fue requerido por jueces de todo el país, nacionales y federales, integrantes del Ministerio Público, fiscales" y que "en 285 causas, en los últimos 5 años, han solicitado la aplicación del Proyecto X".
Incluso, afirmó que después de la auditoría realizada se demostró que "no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales" ya que "tiene otra finalidad y otros usos".
"Es una herramienta informática, no un plan secreto de espionaje como se ha informado. Sirve para el cruzamiento de información en el caso de los delitos complejos, y es solicitado por jueces y fiscales de todo el país", recalcó.
Además, insistió en que "desde 2009 no se labran datos en Proyecto X" y que "ninguna de las personas identificadas en este proyecto fue investigada por participar en manifestaciones políticas o gremiales", y aseguró que "no se financia con gastos reservados" como se difundió.
Y precisó que "de los 34 mil asientos, tenemos 25 mil datos, y no hay ningún dirigente político, sindical, ambiental, indígena" y es "controlado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende de este Ministerio".
