En la Argentina, desde casi siempre, pero en especial a partir de los denominados años de plomo, la actividad de la inteligencia al servicio del Estado –cabría añadir, cualquier Estado, y no de un Gobierno- constituye algo así como una vía hacia el escarnio público. El supuesto espionaje de hoy de la Gendarmería a dirigentes sociales y políticos, en principio, solo en algunos casos debería ser un revulsivo. ¿Por qué?
Como se ha reflejado en una columna de opinión del medio más proclive al oficialismo, puede parecer difícil entender la actual repercusión negativa de una denuncia que, desde noviembre último, fue dada a conocer por ellos, sin que se hayan registrado entonces rebotes, o revuelo alguno. ¿Pifiada mediática, exclusivamente, del denostado periodismo independiente? ¿Y el gobierno, qué?
Lo más relevante de ese análisis pasa por la percepción inicial de la fuente acerca de la verosimilitud del aserto, en línea con la actualización conocida ahora a través de la pluma del asesor informal de la ministra Garré, Horacio Verbitsky, cuando aconseja “no disimular su gravedad”, aunque exculpando a sus asesorados directos. Habla, ahora, de “oportunidad de cambio”.
La clave, según él insinúa, podría estar cerca del historial del jefe de la fuerza de seguridad, supuestamente ligado a la DEA norteamericana.
¿Quiere decir, entonces, que los elementos legalmente habilitados (también en términos de obligación inexcusable) para combatir el delito, después de ocho años de gestión del actual gobierno, están ‘pintados’ y/o infiltrados por agentes externos?
Resulta erróneo, también, no reconocer acuerdos internacionales necesarios frente al crimen globalmente organizado. Adicionalmente, la actividad de la inteligencia –que está mal considerada por unos pocos ideólogos, incluso soslayando los términos emanados de disposiciones legales (que pueden parecer defectuosas, o aún difusas, pero existentes), deberían, en cambio, constituir virtuales escudos del orden al servicio del conjunto del cuerpo social.
En todo caso, habría que aplaudir el hecho novedoso del por ahora balbuceante comienzo de un proceso de refuerzo de la legítima utilización de la coerción estatal al servicio de la tranquilidad pública, siempre y cuando esto no implique, claro, exacerbaciones e irracionalidades de ningún tipo. El fundador del peronismo, fuerza con la que arribó a la Casa Rosada el kirchnerismo, dijo en más de una ocasión que “dentro de la ley, todo y nada fuera de la ley”.
Los ensayos ingenuos (¿o cómplices?) de promoción de una disuasión siempre desarmada suelen provocar los riesgos de una objetiva vía libre al delito. Un modo de evitar el mal uso de la fuerza física pasa por depositar semejante responsabilidad en manos moralmente dotadas, expertas en lo específico, bien equipadas y adecuadamente remuneradas, y muy especialmente conducidas por niveles superiores con ejemplar apego a la ley y, sobre todo, genuino espíritu democrático.
El pecado de la ideología es siempre pecado y no se lo debería exculpar bajo paraguas de facilismos irresponsables. ¿Alguien cree que la utilización de herramientas indebidas para la domesticación de la ciudadanía, vía coerciones tributarias forzadas, o de acoso empresarial o sindical portando injusticias, puede justificarse y/u ocultarse por demasiado tiempo?
En otro orden, textos y contextos, no sólo en lo relativo a la cuestión de la inteligencia, deberían cotejarse diferenciando deseos de efectos reales. Jorge Videla, por ejemplo, actuó estos días en línea con los deseos de sectores anti-Iglesia de este gobierno. Unos y otros, ¿puede decirse que son lo mismo? No. La clave es pensar.