Consecuencias de usar el piloto automático también en política

Hace una semana se señaló en este espacio que el Gobierno carece de oposición y dispone de un poder político
prácticamente absoluto, pero que al mismo tiempo genera sus propios problemas.

Esa impresión no dejó de acentuarse. Más aún, lo ocurrido en los últimos siete días lo mostró a la zaga de los hechos, sin iniciativa, con una agenda que no controla y emparchando los problemas en lugar de buscarles solución.

En materia de subsidios sigue jugando a las escondidas y aplicando un gradualismo que aprovecha la prensa opositora para desgastarlo. Todavía no se sabe de cuánto será la tarifa energética que tendrá que pagar el consumidor medio, ni cuanto costará el transporte urbano.

El transporte diferencial interurbano se quedó sin subsidios, pero tampoco se fijó la nueva tarifa. En pocas palabras, los funcionarios del área, por una estrategia incomprensible o por falta de directivas, le hacen pagar a la Presidenta el costo del ajuste en cuotas. Alimentan paradójicamente las expectativas negativas en lugar de ponerles fin.

Otro costo político que el propio Gobierno agrava es el de los conflictos por la minería a cielo abierto. En lugar de plantear la cuestión en forma explícita, dar el debate público para despejar cualquier duda sobre los perjuicios ambientales y enmarcar la cuestión dentro de la ley, deja que los gobernadores se las arreglen por su cuenta, tolera la aparición de piquetes promineros que no son otra cosa que patotas amparadas por la policía o inventa
supuestos ‘Antonios’ para ganar la batalla mediática, pero lo descubren enseguida. A lo que hay que agregar que, cuando la situación se le va de las manos justifica la represión de ambientalistas a pesar de haberse declarado el campeón de la ecología en Gualeguaychú.

Por alguna razón misteriosa en la Casa Rosada creen que si la prensa oficialista los elude, los problemas de gestión desaparecerán. Muy por el contrario no dejan de profundizarse mientras se los intenta ocultar o atribuir a conspiraciones de una oposición diabólica que no existe. Es el caso de la denuncia por la presunta existencia
de un testaferro del vicepresidente Amado Boudou que hace negocios con el Estado. En este caso se ensayó una táctica ‘innovadora’.

El vicepresidente se calzó una camiseta descalificando a sus denunciantes mientras tocaba la guitarra y todo
el Gobierno guardó silencio a la espera de que el problema se disuelva en el aire. Al parecer hay confianza en que la sociedad no defina su próximo voto tomando en cuenta los hechos de corrupción.

La falta de control del Gobierno sobre sus propios actos llegó por otra parte a niveles alarmantes con el escándalo por un programa de espionaje de sindicalistas y activistas de izquierda atribuido a la Gendarmería.

Lo curioso es que la existencia del programa fue revelada por el propio jefe de la fuerza ante la Justicia. ¿Cómo respondió la ministra Nilda Garré al escándalo? Con una solemne promesa ante la prensa de duro castigo para su subordinado ‘si se comprobaba’ lo que él mismo había admitido.

Pero el desconcierto no terminó allí. El senador Aníbal Fernández, que se considera un vocero calificado en la materia, negó que la Gendarmería espíe, enmendándole la plana a la ministra. Por último, los denunciantes del espionaje recordaron que habían concurrido a la Justicia para plantear la cuestión hace tres meses, tiempo durante el cual no se sabe a qué estuvo dedicándose Garré. ¿Tal vez a buscar nuevas formas de criticar a Macri y complicarle la gestión?

Zafó en cambio la Presidenta del escándalo generado por el aumento de más del 100% en las remuneraciones de diputados y senadores nacionales en pleno ajuste fiscal.

En este caso fueron arrojados a la vindicta pública los legisladores y el presidente de la Cámara Baja Julián Domínguez, pero la responsabilidad de la Casa Rosada no fue menor.

Y esto por varias razones. Una, el aumento fue un premio para los nuevos diputados puestos por la jefa de Estado en las listas del año pasado. Cuando la oposición dominaba la Cámara -el grupo ‘A’- no hubo aumentos.

Además, los nuevos legisladores aprobaron en quince días a libro cerrado todos los proyectos que les reclamó
el Poder Ejecutivo. A lo que hay que agregar que el aumento se aprobó después del 10 diciembre porque Julio Cobos se había opuesto a avalarlo. En suma, fue una medida inoportuna e irritante cuyo costo no pagó sólo el oficialismo, pero que también lo salpicó.