El conflicto en torno de la minería a cielo abierto tomó un curso peligroso debido a la aparición de la violencia y de graves errores cometidos por la dirigencia para enfrentarla. En primer lugar, resulta inadmisible el corte de rutas por parte de particulares. Tratar de disfrazarlo de "protesta social" es un sofisma que no resiste el menor análisis.
Cuando funcionarios y dirigentes dicen que no se debe "criminalizar" la protesta, invierten el razonamiento. Son los reclamos los que no deben ser transformados en delitos por quienes ejercen el legítimo derecho de peticionar. Hay muchas formas de expresar desacuerdo -aun en el espacio público- sin violar el Código Penal.
Pero es más grave todavía que sea el poder político el que recurra a contrapiquetes protegidos por la policía para neutralizar la protesta como ocurrió, según denuncias periodísticas, en Catamarca después que las fuerzas de seguridad aporrearan a piqueteros "ambientalistas" con el consiguiente alboroto mediático.
Los gobernantes tienen el poder del Estado en sus manos y no deben proteger a grupos de choque que pretenden restablecer el orden de manera parainstitucional. También es inadmisible -aunque se trate de un episodio menor y ridículo- el engaño montado para justificar los contrapiquetes.
Disfrazar a dirigentes peronistas de humildes trabajadores -como sucedió en Olavarría con Armando Domínguez, alias "Antonio"- demuestra en el mejor de los casos torpeza y en el peor, falta de escrúpulos. Nunca se debió comprometer el prestigio de la Presidenta con semejante grotesco.
Pero ¿por qué los políticos recurren al engaño y al patoteo en vez de aplicar la ley? Porque carecen de autoridad y su legitimidad es dudosa, aunque saquen el 50% de los votos. Un muerto por acción policial los puede devolver al llano.
En ese terreno no se progresó nada desde la crisis de 2001, porque si bien la mejora de la economía calmó los ánimos, la dirigencia no cambió de hábitos como demostró la decisión de duplicar los ingresos de diputados y senadores mientras el Gobierno ajusta a la población recortando subsidios.
A lo que hay que añadir que el Gobierno pretende imponer un tope salarial del 20% para ciudadanos de a pie en las paritarias, mientras los legisladores reciben el 100%. Ante esa arbitrariedad es imposible no pensar que los políticos forman un grupo aparte -una "casta" los llaman los italianos- que vive del dinero fiscal, pero no predica con el ejemplo. Vive del mismo dinero que administra y que, dicho sea de paso, aumenta con el cobro de las regalías mineras.
El piquete y el contrapiquete son el reflejo exacto de la declinación del Estado de Derecho y del poder de la ley. También de las conductas anómicas del grueso de la sociedad, incluso de aquellos que tienen en sus manos el poder del Estado.
Los piqueteros recurren a la violencia porque alegan no sentirse representados por la dirigencia encaramada en los poderes públicos y la dirigencia les da la razón privilegiando sus intereses por sobre el bien común. Hay una sola manera de salir de esa "impasse": aplicar la ley. Aunque para eso hace falta decisión política, algo que a los actuales políticos no les sobra.