Los observadores más curtidos opinan que de nada vale señalar las contradicciones en que incurren los políticos por flagrantes que sean, que no importa lo que los políticos dicen, si no lo que hacen y que los reclamos de coherencia demuestran una ingenuidad difícil de distinguir de la ridiculez. Hay, sin embargo, casos que no pueden dejar de ser una fuente inagotable de perplejidad, por más acostumbrado que se esté al doble discurso. Casos en que el pragmatismo se confunde con la arbitrariedad más cruda. Uno de ellos es el del peronismo e YPF.
YPF quedó en el medio de la polémica y de versiones sobre su estatización cuando la presidenta Cristina Fernández reclamó a su dueña mayoritaria -la española Repsol- que invirtiera sus ganancias en el país y no las girara al exterior. Eso ocurrió el pasado 25 de enero. A partir de ese momento comenzó una ofensiva de trascendidos por la prensa oficialista y hace 48 horas el vicepresidente Amado Boudou opinó que "el problema no es si es privada o no privada, sino si tiene sentido nacional, si su sistema de funcionamiento está pensado en la producción petrolífera o con lógica financiera de corto plazo".
La empresa fue privatizada en 1992 durante el gobierno peronista de Carlos Menem con el apoyo explícito de Néstor y Cristina Kirchner, que en ese momento privilegiaron sin ocultamientos la conveniencia financiera de la operación por encima de cualquier otro criterio. Néstor lideraba el grupo de la provincias petroleras (Ofephi) y colaboró con Menem para destrabar el proyecto en la Cámara de Diputados como atestiguan las crónicas de la época. La iniciativa había sido aprobada por el Senado, pero las disidencias dentro del peronismo y la oposición radical volvieron compleja su sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados.
Desde Santa Cruz la hoy presidenta se enojó con los legisladores que pretendían con "argucias" (negando el quórum) frenar su tratamiento y les recordó que de esa manera retrasaban las "soluciones" que la provincia necesitaba, vale decir, el giro de 480 millones de dólares que Menem había prometido en concepto de regalías supuestamente mal liquidadas y la parte de acciones de la YPF privatizada que recibiría el gobierno provincial.
Esos fondos fueron girados un año más tarde, capturados por el gobierno provincial y sacados del país, algo que hoy se reprocha a los españoles.
El actual secretario general de la Presidencia y por entonces diputado nacional, Oscar Parrilli, se enorgulleció de la privatización de una empresa que hoy Boudou quiere investir de "sentido nacional" con estas palabras: "No pedimos perdón por lo que estamos haciendo, esta ley servirá para darle oxígeno al gobierno (de Menem)".
No se trata de regodearse con las contradicciones del kirchnerismo -ni de otros gobiernos- o puntualizar que así como ayer los Kirchner apoyaban las leyes de Menem hoy Menem apoya las de los Kirchner. Los políticos suelen cambiar, las políticas también. Lo que resulta peligroso ignorar es la lógica y no se puede pedir inversiones masivas de largo plazo -como las petroleras- al tiempo que se cambian las reglas de juego alegremente por problemas de caja o de escasez de divisas y esperar que el "sentido nacional" solucione los problemas de largo plazo.