El juez de instrucción Eliseo Otero sobreseyó hoy a 33 oficiales de la Policía Metropolitana, a 12 de la Federal y a la jueza penal porteña María Cristina Nazar por los dos crímenes perpetrados en diciembre de 2010 en el Parque Indoamericano, tras el pedido de indagatoria cursado por el fiscal Sandro Abraldes.

El magistrado no los citó a indagatoria y los sobreseyó por considerar que no hay pruebas contra los oficiales ya que existió una "imputación cuasi genérica" de parte del fiscal.

Otero reprochó al fiscal haberse centrado en una única hipótesis, el accionar de la policía, y no haber investigado la existencia de un arma tumbera con la que pudieron haber sido asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puña.

Asimismo, avaló a Nazar, quien había ordenado el desalojo del parque, y convocó a personal especializado de Prefectura Naval para que tome la causa y trabaje en la "individualización de los autores del hecho aquí investigado".

El juez se refirió al fiscal en duros términos al señalar que tuvo un año de investigación "sin que se hubiera logrado siquiera un mínimo avance en torno a individualizar a los autores materiales".

Entre los policías absueltos se encuentran los comisarios de la Policía Federal Roberto Palavecino, Hugo Lompizano, Juan Quintero y Emilio Miragaya, y el comisario mayor de la Metropolitana Ricardo Ferron.

El Parque Indoamericano, ubicado en el barrio de Villa Soldati, fue tomado la noche del 6 de diciembre por vecinos para construir viviendas y en reclamo de mejoras habitacionales.

Al día siguiente, en un intento de desalojo que realizaron la Federal y la Metropolitana por orden de Nazar, murieron Salgueiro, paraguayo de 22 años, de un tiro en el estómago, y Chura Puña, boliviana de 28, por un impacto en el tórax.

Tras un año de investigación, Abraldes pidió en diciembre las indagatorias del personal de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), grupo de elite de la policía municipal, por considerar que desde ese grupo dispararon las balas mortales, y de los 12 oficiales de la Federal por atacar a un grupo de vecinos de la villa 20.

El juez Otero descartó las declaraciones de testigos sobre cómo se produjeron las dos muertes y destacó, en base a otras, la "existencia de armas de fuego en manos de particulares" y "facas o cuchillos con agregados caseros en su agarre", por lo cual sostuvo que la actitud de los ocupantes "lejos de ser pacífica, resultaba sumamente agresiva hacia el personal policial".

El magistrado sostuvo que "la actuación policial pretendió también hacer cesar una situación, no ya de incumplimiento a la ley como se ha hecho constar, sino además de peligro inminente hacia la integridad física de las personas que se hallaban en aquel sitio".

Por otra parte, consideró un "analisis asombroso" que el fiscal haya sostenido que los oficiales cambiaron sus balas de goma por las de plomo, ya que las pericias revelaron que las balas mortales pudieron salir de armas policiales o "tumberas".

El fiscal había acusado a la jueza Nazar de ser "sumamente desaprensiva frente a las consecuencias posibles" de su orden de desalojo del parque y de no controlar el accionar de las policías.

Otero advirtió que Nazar ordenó el desalojo dentro de sus facultades y que dispuso "límites precisos impuestos a la fuerza de seguridad a la que encomendó la diligencia".

El fiscal Abraldes apelará a la Cámara del Crimen los sobreseimientos, para lo que tiene plazo hasta el próximo viernes.