Después de comprobar cómo el Congreso quedó paralizado durante los dos años en los que el oficialismo perdió la mayoría y cómo apenas la recuperó aprovechó para aprobar leyes de dudosa constitucionalidad en tiempo récord. Después de verificar cómo el Poder Ejecutivo cumple o no los fallos de la Justicia según le viene en gana.
O cómo gobierna en estado de emergencia a una década de finalizada la emergencia, parece ineludible la pregunta de por qué se producen esos hechos que se llevan de patadas con la Constitución teoricamente en vigor sin que a nadie incomode salvo a quienes son considerados por el grueso de la opinión pública poco menos que fósiles. Plantearse de una buena vez por qué el orden jurídico es ignorado cada vez que se cree conveniente y no se opta de una vez por reformarlo para evitar la inseguridad jurídica y la incertidumbre.
La historia muestra que el debilitamiento del Estado de Derecho no es responsabilidad exclusiva del presente Gobierno. Desde 1930 la política y el derecho caminaron por veredas separadas y en muchas oportunidades se recurrió a la fuerza para definir las luchas de poder. Pero siempre se mantuvo -hasta en los regímenes militares más cerriles- una liturgia republicana que el kirchnerismo abolió limpiamente.
Los gobernantes, aún los formados en los cuarteles, daban conferencias de prensa y hacían reuniones de gabinete. Los funcionarios y legisladores eran tratados, al menos públicamente, de acuerdo con la dignidad de sus cargos y con un respeto mínimo del que el actual Gobierno prescinde. Al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por ejemplo, se lo amonesta en público advirtiendo que tenga cuidado con lo que hace cuando le toca cumplir con su obligación constitucional de reemplazar a la Presidenta ausente por enfermedad y todo el mundo lo toma con total naturalidad.
El cambio que generó el actual Gobierno es por lo tanto un cambio de liturgia, no de credo. Hoy como siempre hay personalismo e imposición de las decisiones tomadas por una persona o un pequeñísimo grupo. Lo que no hay es disimulo. Hay una suerte de desenfado de quienes pretenden inaugurar una nueva época en la cual la discrecionalidad y la arbitrariedad no necesitan ser justificados, sino, "contrario sensu", representan la voluntad del príncipe que debe ser acatada por propios y extraños.
Por esa razón parece acercarse la hora de que alguien plantee cuál es el grado de salud de la Constitución vigente en cuanto a los poderes públicos y la conveniencia de adecuarla a una realidad completamente diversa. Que plantee sí un régimen que en la práctica no existe está en condiciones de satisfacer exigencias mínimas de buen gobierno, transparencia y seguridad jurídica o si resulta apropiado a esta altura reformarlo.
Esa hora parece acercarse porque el kirchnerismo ha demostrado su eficacia para reemplazar las instituciones por la acción directa y dedica un enorme esfuerzo a la creación de un mito con el que machaca diariamente el aparato de propaganda estatal. El mito de una nueva Argentina, creada por héroes que entregan la vida en su misión fundacional. Héroes a los que el 54% de la sociedad acaba de investir de un poder originario, constituyente.
El poder de la legitimidad que da la incontenible energía del pueblo y que ninguna constitución histórica reemplaza. Con seguridad la oposición llamará a esto un intento de perpetuarse en el poder, pero los mitos no admiten que se los discuta.