El kirchnerismo es un proceso. Comenzó como un gobierno de crisis y ocho años más tarde está en vías de consolidarse como un sistema de poder con pretensiones de control hegemónico tanto económico como social.
Es además un gobierno que no oculta sus propósitos; apenas los encubre con un doble discurso rudimentario, pero que provoca equívocos. Simula, por ejemplo, ser estatista, pero es exactamente lo contrario.
En parte la confusión puede atribuirse a que aquí se considera estatista que alguien, verbigracia Guillermo Moreno, fija el precio de los milanesas, pero más allá de esa simplificación, lo que en realidad ha logrado el kirchnerismo ha sido la disolución del Estado.
El Estado moderno es un orden legal dirigido a proteger a los individuos. Es al mismo tiempo el origen del derecho y el marco dentro del cual se desenvuelve la política. Pero para el kirchnerismo el poder y el derecho pertenecen a esferas diferentes y el segundo debe estar sometido al primero. En igual sentido la política precede al Estado y no puede ser constreñida en el marco que este le pone. O dicho con mayor precisión la política determina al Estado y lo convierte en instrumento de sus planes.
Esta situación tiene, entre otros, dos efectos. El primero, que el Estado queda sujeto a la decisión del gobierno. Segundo que el Estado en versión K no coincide con el derecho. El orden político no es producido por la mediación de la ley, sino por la decisión de quien maneja el poder. El estado queda vacío de contenido y reducido a una herramienta de coacción.
Esta suspensión "de facto" del régimen de la Constituci¢n liberal del 53/60 se funda en la presunción de que el Estado fracasó en su objetivo de llevar a la práctica la idea del derecho. Quiso, pero no pudo, disolver la lucha política en un orden neutro en el cual los conflictos sociales se resolviesen de manera racional mediante la búsqueda del consenso. Lo que fracasó desde esta perspectiva es el sistema liberal, legalista, garantista y defensor del estado de derecho.
Esta opinión no ha sido expresada todavía de manera explícita por ningún vocero del gobierno, pero es ejercida cotidianamente. En ese sentido la institución que se convirtió en el blanco perfecto del embate oficialista contra el orden liberal es el Parlamento.
En el Congreso -una institución hija de la Ilustración y del siglo XVIII- la disputa política se resuelve teóricamente a través del diálogo racional. La confrontación social se salda mediante el principio de representación y la tarea de los legisladores es la producción de leyes universales y abstractas. Para que este sistema funcione se requiere la autonomía de los poderes del Estado.
Pero el kirchnerismo no cree en nada de eso. No hay ningún debate racional sino órdenes de la presidenta. A los proyectos oficiales no se les cambia una coma y la representación es sólo formal porque las mayorías oficialistas son elegidas a dedo desde la Casa Rosada y tienen por única meta representar los intereses del gobierno. De eso se trata la denominada `escribanía'. En resumen, el régimen liberal ha sido en los hechos reemplazado por una democracia populista incompatible con el Estado.