Los chalés de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y de sus allegados en el country "El Patacón" de Pilar fueron construidos con materiales del plan de viviendas populares "Sueños Compartidos", que montó la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos.
Así lo reveló esta tarde el juez federal Norberto Oyarbide al finalizar el allanamiento que encabezó en aquella urbanización privada, en el barrio La Lonja, del partido bonaerense de Pilar.
"Se ha podido observar con toda claridad que (los chalés) están construidos con materiales que se emplean para construir las casas de la fundación" Madres de Plaza de Mayo, sostuvo el magistrado.
Oyarbide detalló que durante el operativo se registraron "siete propiedades y nueve son las que nos interesan en particular", por pertenecer a Sergio y Pablo Schoklender, y a la ex esposa del primero, Viviana Sala, psiquiátra jefa de servicio en el hospital porteño Mari Curie.
Además señaló que en el allanamiento pudieron secuestrar "papelería en general y otra de altísimo valor" probatorio.
Los efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía Federal acompañaron a Oyarbide en la intervención al barrio privado.
Los vecinos del country habían filtrado días atrás a la prensa que en los últimos meses vieron vehículos con el logo de Madres de Plaza de Mayo ingresando al lugar y cargados con materiales de construcción.
Además de este operativo, Oyarbide prorrogó hoy diez días más el secreto de sumario de la causa penal en que investiga a los Schoklender por supuesto desvío de fondos públicos y lavado de dinero en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.
Así lo aseguraron hoy fuentes judiciales e indicaron que la medida pretende "asegurar el éxito de la investigación" y frenar la filtración de datos del expediente que, según el juez, la fiscalía habría facilitado últimamente a algunos medios de comunicación.
Ayer, Oyarbide cuestionó duramente a los fiscales Raúl Pleé y Jorge Di Lello, de la UFI contra el lavado de dinero y fiscal federal, respectivamente, y los acusó de "atentar contra el éxito de la investigación".ð "Estoy muy enojado con los señores fiscales (...), ha habido una serie de trascendidos que han salido de boca de los fiscales y por eso voy a hablar seriamente con ellos", dijo el magistrado.
Oyarbide manifestó que desde la fiscalía "se está atentando contra el secreto y éxito de la investigación" y puso de ejemplo que "se han transmitido determinados negocios que ustedes denominan 'cuevas' (financieras)... imagínense si yo voy a allanar y ya dieron a conocer las cuevas que estoy investigando ...¿cuál es el sentido del secreto?".
La semana pasada Di Lello había ampliado su requerimiento de instrucción en la causa contra los Schoklender a financieras y casas de cambios, sobre las que pidió allanamientos, y días después algunos diarios publicaron detalles de ese dictamen de la fiscalía, con nombres de empresas y personas a investigar, pese a que la causa tramita bajo secreto de sumario.
Por eso Oyarbide sostuvo que enfrenta "un trabajo gigantesco porque las empresas que van a ser investigadas suman un total de 60 empresas con lo cual hay que conocer la integración de cada una" de ellas y precisó que "esa labor la debe cumplir la AFIP".
Al organismo recaudador el juez le atribuyó el papel de "señalar las personas y establecer los vínculos, los contactos que cada una de estas empresas tenían con el señor Schoklender, que aparece en principio con una responsabilidad a la luz de las pruebas".
Di Lello había dicho el domingo en declaraciones radiales que Madres de Plaza de Mayo "puede ser considerada, en primera instancia, parcialmente víctima" de un delito y que por el momento "no tiene sentido llamar a (declaración) indagatoria" a alguno de los investigados, porque "sería una vulneración" de sus garantías "o un acto infundado" mientras se buscan pruebas.
Oyarbide investiga si Schoklender y otras personas desviaron parte de los 765 millones de pesos del Estado nacional que estaban destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, implementado por Madres de Plaza de Mayo.
En la causa, además de los ex parricidas Sergio y Pablo Schoklender, más cinco allegados a ellos, está imputado Alejandro Abraham Gotkin, que habría vendido al primero la empresa Meldorek, a nombre de la cual hay registrados aviones, barcos y autos de lujo.
Gotkin dirigía Meldorek, la empresa constructora contratada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la misión "Sueños Compartidos", de construcción de viviendas populares, pero que a partir de 2010 pasó a estar a nombre de Schoklender y su piloto aéreo, Gustavo Serventich.
